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Santomil: “Se reclama al Estado que reconozca el genocidio fundante como una reparación histórica”

El representante del pueblo Nación Charrúa (CPI) ante el Instituto de Asuntos Indígenas (Inaí), Vocero de la comunidad "Charrua Etriek", Héctor Ramón Santomil, celebró el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como la matanza de Napalpí. “Abre la puerta para que se investiguen y sentencien otros juicios por lesa humanidad (como las de Rincón Bomba y El Zapallar) y, también, interpele a los gobernantes y la sociedad para que cesen las injusticias con los pueblos originarios”, afirmó a AIM.

Desde la comunidad Charrúa Etriek de Entre Ríos, como otras comunidades del país,-convocados por la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (Matria)- “vinimos a acompañar las audiencias de este juicio histórico por la verdad, ya que como no hay victimarios vivos la idea es que se dé una reparación histórica por la masacre de por la masacre de Napalpi, contra los pueblos Qom y Moqoit, que tuvo lugar el 19 de julio de 1924 en el territorio nacional de Chaco”.

Este juicio “por delitos de lesa humanidad abre la puerta para que se investiguen y sentencien otros crímenes de lesa humanidad como las de Rincón Bomba y El Zapallar”, dijo el vocero de la comunidad Charrúa Etriek, quien precisó: “Se reclama que el Estado reconozca el genocidio fundante, para que haya una reparación histórica para nuestros pueblos”.

Para Santomil la instancia “es histórica, porque así como Argentina condenó a los genocidas de la última dictadura ahora sentará un antecedente mundial por declarar delitos de lesa humanidad la matanza de pueblos originarios”.

Además, remarcó que este proceso es para contar la verdad de lo que fueron estos programas de exterminio pero dijo que, también, “es una lección para el presente ante la discriminación y persecución de pueblos originarios, ya que aún se viven situaciones muy angustiantes ante desalojos, amedrentamientos, matanza de animales, persecución y amenazas por parte de terratenientes, con la complicidad de algunos gobiernos y jueves como en Salta, Jujuy y Tucumán”.

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