La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado reanudó este martes las rondas de consultas sobre el proyecto de nuevo Código Penal, con la participación de especialistas.

El primer orador de la reunión fue Gabriel Pérez Barberá, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, quien consideró que “es muy necesario e importante, no solo porque hace falta sino porque es un buen proyecto”.

“Es hora de que tengamos un nuevo Código Penal, integrado, coherente, proporcional. No es mala la legislación penal que tenemos, pero es realmente muy desordenada y eso genera muchísimos problemas en términos de seguridad jurídica en las personas que además de ser académicos tenemos la suerte de poder participar en la praxis diaria de los tribunales”, sostuvo.

En su exposición, el fiscal enfatizó en un aspecto como el error de prohibición evitable, sobre el cual “en Argentina no tenemos ninguna regla que nos diga cómo resolver este caso” y la iniciativa “tampoco ha incluido esa regla”. Por eso, pidió a los senadores “que tomen en cuenta la necesidad de incluir esta herramienta, porque realmente la necesitamos”.

Por su parte, Jorge García, procurador general de la provincia de Entre Ríos, aseguró que “no hay ninguna duda que este tema que nos convoca es absolutamente necesario”. “Si hay algo en lo que no hay grieta es en la necesidad de que el Código Penal supere este atraso”, señaló.

En ese sentido, analizó: “No queremos que (una reforma) se frustre con las cuestiones particulares de la política argentina, sino que se tome como una cuestión de Estado”. “El derecho penal no es nada más que un consenso”, dijo García.

El procurador entrerriano resaltó que “el derecho penal no soluciona ningún conflicto, solo los redefine” y que “legislando, los problemas sociales continúan”. “Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para no llenarnos de utopías que se ven después frustradas”, advirtió y manifestó su “complacencia en general” con el proyecto.

Asimismo, consideró que “los legisladores deben contener esta atmósfera iridiscente en donde todo el mundo quiere que todo el mundo vaya a la cárcel y no salga nunca más. Ante este ambiente, que no es sano para racionalidad, deben senadores y diputados legislar”.

“El derecho está para que las decisiones legitimen a la magistratura. La legitimidad de la magistratura no viene de la elección soberana como la de los legisladores. Por eso es importante que las pautas que ponga el legislador lleven a decisiones justas”, observó García.

Julio César Báez, juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional cuatro, destacó que el proyecto de Código penal “tiene más luces que sombras”, y entre los aspectos positivos señaló que “se unifica en un cuerpo codificado toda la legislación que hoy está diseminada y dispersa”.

“Los jueces nos vemos en un caos normativo, muchas veces no sabemos qué legislación aplicar”, confesó Baez, y puso como ejemplo los problemas contraídos con las “leyes Blumberg”.

Asimismo, explicó que la iniciativa “mantiene la estructura tradicional del Código Penal e incorpora una visión nueva, relacionada a la criminalidad de género, la criminalidad informática y la narcocriminalidad, delitos que no podemos combatir con la vieja legislación penal”.

Báez también indicó que “la gran innovación es que nos permite incorporar a la persona jurídica como sujeto de delitos, dejando atrás la vieja idea que tenía (Eugenio) Zaffaroni”.

A continuación, Daniel Petrone, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, celebró “la realización de este proyecto de Código Penal que supere el actual catálogo conformado por parches y leyes especiales que muchas veces no siguen una línea adecuada de legislación penal”.

Petrone evaluó que “el proyecto amplia el catálogo de delitos que penden de instancia privada para ser llevados a juicio”, y por otra parte resaltó “la forma en que trata los delitos informáticos, porque repara ciertos problemas que actualmente existen, empezando por la tipificación del grooming y la inclusión de nuevos tipos penales como la ‘pornovenganza’”.

El último expositor fue Diego Gustavo Barroetaveña, presidente de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, quien se refirió a la figura del decomiso anticipado y aclaró que “no se da en cualquier supuesto, sino que deben darse determinadas condiciones y debe quedar claro que queda ceñido a ciertos y específicos requisitos para su procedencia; debe determinarse la ilicitud del origen de los bienes”.

Fuente: Parlamentario