Si bien se creía que la iniciativa de financiamiento político pasaría para marzo del año próximo, el Senado nacional sancionará este miércoles en el recinto. El proyecto ya contaba desde principios de diciembre con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. Si bien, no había un acuerdo cerrado para votarlo en el recinto, el cuerpo decidió reflotarlo en el marco de extraordinarias, quedando su paso a Diputados para el año que viene, supo AIM. También se tratará la regulación de las barrabravas, enviado por el Poder Ejecutivo, y el precio de Papel Prensa.

El motivo principal de la traba en Senado fue un desacuerdo interno: El rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien se negó a permitir a las personas jurídicas que aporten a las campañas electorales. “Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo”, anunció la diputada en una explosiva cadena de tuits.

Sin embargo, el arreglo fue la semana pasada en una reunión de labor parlamentaria donde se trazó una hoja de ruta de aquí a fin de año.

El texto que votará el Senado -al igual que el del Ejecutivo- habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña. Se mantienen las prohibiciones actuales para sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; y empresas de juegos de azar, entre otros casos.

En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30 días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10 por ciento de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días, y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos.

El proyecto que trata el Senado también establece que la Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la UIF, el Banco Central, la Afip, la Anses; la Procelac, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.

Además del proyecto sobre financiamiento de los partidos, Cambiemos espera poder votar la propuesta contra las barrabravas, que se tratará en la Cámara de Diputados el día anterior, en la sesión del martes 18. Una importante fuente del oficialismo garantizó a parlamentario.com que hay un compromiso de todos los bloques para aprobar ese día un texto consensuado, que sufrirá más modificaciones a las ya introducidas en el dictamen. De todas maneras y para evitar apurones, el proyecto sobre barrabravas podría quedar para el miércoles 28, luego de que el Ejecutivo ampliara el tiempo de extraordinarias para tratar precisamente ese tema.

Este miércoles el Senado también votará otro proyecto sobre reconocimiento y protección de las personas apátridas, es decir, aquellos que no con reconocidos por ningún Estado. Y por último, se tratará otra iniciativa más polémica, que elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago.

El proyecto, al que tuvo acceso AIM, presentado por el diputado justicialista Diego Bossio, busca modificar la Ley 26.736, que declara “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. De esta manera, Papel Prensa podrá liberar el precio de venta del papel, que en la actualidad tiene el mismo valor para todos los compradores.

El texto también lleva las firmas de los dirigentes de Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot; del jefe del interbloque del PJ federal, Pablo Kosiner; y de los massistas Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti, entre otros.

La norma vigente fue aprobada en 2011, en plena disputa entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín. La excusa para modificarla sería que el precio único terminó “perjudicando a pequeños compradores asociados en cooperativas que antes podían negociar sus compras con importantes descuentos”, según explica Bossio en el documento que ingresó al Congreso.