AIM en sesión.-En una jornada maratónica y a pedido de la oposición, la Cámara de Diputados dio media sanción a al proyecto de Ley de Emergencia Tarifaria que pretende subordinar los aumentos de tarifas de luz y gas a la evolución de los salarios (para los consumos hogareños) y al índice de precios mayoristas del Indec (para las PyMEs). Ahora, la iniciativa pasa para su tratamiento al Senado. En el día, también se aprobaron Defensa de la Competencia  y  el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

El encargado de comenzar la alocución fue el diputado Sergio Ziliotto (Justicialista - La Pampa), quien sostuvo que la realidad es que “la gente no puede pagar tarifas”. El presidente de la Comisión de Obras Públicas explicó que en el proyecto de Ley se buscó consensuar aspectos que agruparan todas las iniciativas sobre el tema, “buscando encontrar una salida racional a este problema que tenemos los argentinos”.

“No somos ni desestabilizadores, ni golpistas, ni demagogos. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos en esta Cámara”, enfatizó Ziliotto.

A su turno, el diputado Diego Bossio (Justicialista – Buenos Aires) compartió la preocupación de su bancada la situación económica del país y “la actitud del Gobierno” sobre el tema. “Vemos que cada día se encierra en sí mismo y que la única solución que propone es deslindar responsabilidades”, cuestionó.

Además, destacó que “acá no estamos discutiendo gobernabilidad sino lo que les sucede a miles de argentinos, a quienes no sólo les aumentan las tarifas; les aumentan los precios del supermercado, de la prepaga, de la cuota del colegio”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO – Santa Fe), criticó el proyecto: “El congelamiento de las tarifas nos dejó sin energía, sin dólares en la balanza comercial, sin reservas, y con una bola de subsidios dilapidados sin discriminación de clase social, tipo de empresa o actividad. Mientras los más ricos pagaban tarifas de regalo, los más vulnerables pagaban garrafas a precio internacional”, afirmó. Según Laspina, “los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica”.

Desde el Frente para la Victoria, Axel Kicillof contestó: “Es mentira que Argentina haya tenido los subsidios a la energía más altos del mundo”. “Todos los países desarrollados subsidian la energía. La política energética de nuestra gestión fue recuperar YPF y la soberanía energética”, aseguró.

En la misma línea, el diputado Máximo Kirchner afirmó que “es mentira que las tarifas hayan estado congeladas” y mostró recortes de diarios de 2009 en los que se leían titulares referidos a un “aumento del 200 por ciento en las boletas de gas”.

En nombre de la bancada del FPV, los diputados Kirchner y Leopoldo Moreau también exhibieron boletas de servicios “por montos exorbitantes” que, según afirmaron, les llegaron a comedores comunitarios y usuarios de barrios humildes.

Desde el interbloque Argentina Federal, los diputados Martín Llaryora y Javier David remarcaron que “el interior paga tarifas más caras que Buenos Aires”; “no es demagógico atender un problema social que ha alcanzado enorme gravedad” y “no estamos fijando tarifas sino limitando aumentos exorbitantes”.

La diputada Graciela Camaño (UNA – Buenos Aires) denunció “un enorme negociado” detrás de “la generación y distribución de energía”. Además, señaló que “no se cumple el fallo de la Corte sobre tarifas” y “se ha manejado el tema con ocultamientos”.

Por otro lado, justificó la competencia del Poder Legislativo para legislar en el tema tarifas sosteniéndose en el artículo 42 de la Constitución que establece que los usuarios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Según la diputada, “el Congreso es la autoridad que debe proveer la protección de esos derechos”. “Esto no significa que este órgano fije u homologue tarifas, sino que establezca las reglas”, aclaró.

Por su parte, el diputado Martin Lousteau, (Evolución Radical – CABA), se refirió a “una angustia generalizada” que se percibe ante las últimas novedades económicas  y adelantó que pasado el tema tarifario se deberá afrontar el problema fiscal.También presentó la propuesta de su bloque, que contempla "modificar las tarifas gradualmente en ocho años, sin tanto impacto inflacionario y en el nivel de actividad".

“No es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia, sino también que va a pasar en el futuro. En nuestro proyecto damos cierta previsibilidad y somos responsables con el costo fiscal”, argumentó.

Luis Pastori (UCR – Misiones) sostuvo que es un “disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas”, y legislar sobre el IVA. Luego recordó los dichos del Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien remarcó que “los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en el Congreso”.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal

En la sesión, se debatió sobre el proyecto de Ley por el cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y su Protocolo.

Con respecto al mismo, la diputada Cornelia Schmidt Liermann (PRO – Ciudad de Buenos Aires) expresó la importancia de ayudar a las empresas productoras a exportar mientras que Guillermo Ramón Carmona (FvP-PJ- Mendoza) mencionó la necesidad de tener en cuenta el contexto político y social de Brasil antes de continuar con los acuerdos.

El proyecto fue aprobado por 222 votos afirmativos.

Defensa y Fomento de la Competencia

Asimismo,  se trabajó sobre la derogación de la Ley Nº 25.156 de Defensa y Fomento de la Competencia.

Mario Raúl Negri (UCR- Córdoba) ratificó que las modificaciones introducidas por el Senado no son sustanciales, por lo que es prudente continuar y aprobar el proyecto.

El diputado Juan Cabandié (FPV-PJ –Ciudad de Buenos Aires), en cambio, cuestionó que al no ser sustanciales las modificaciones, se está trabajando sobre un proyecto obsoleto.

Por su parte, Romina del Plá destacó que  este proyecto permite que continúen las maniobras de manipulación y saqueo llevadas adelante por los monopolios.

Finalmente, Elisa María Avelina Carrió (Coalición Cívica – Ciudad de Buenos Aires) expresó el deber de terminar con los monopolios que han regido en el país durante muchos años, mientras que Araceli Ferreyra afirmó la necesidad de dedicarse principalmente a resolver los problemas de los ciudadanos.

El proyecto fue aprobado por 163 votos afirmativos.