La mayor parte de la energía eléctrica que consumimos se genera a partir de los combustibles fósiles, que en nuestro país provienen mayormente del petróleo y del gas extraído dentro del territorio nacional. Los costos de extracción nacionales son sustancialmente inferiores a los precios de esos hidrocarburos en el mercado mundial, que vienen creciendo en forma desmesurada por muchos factores. Por: Luis Lafferriere / Profesor universitario de economía.

Pero en la Argentina, los gobiernos desde la década del 90 del siglo XX hasta hoy entregaron los recursos del subsuelo a la explotación de las empresas extranjeras, habiendo además privatizado a YPF que era una empresa estatal (hoy una sociedad anónima de propiedad mayoritaria del Estado nacional, que opera igual que el resto de las firmas privadas). Y el gobierno les reconoce a esas firmas como precio en boca de pozo, no los costos de extracción y una ganancia razonable, sino los precios internacionales y en dólares, quedando las corporaciones con una renta extraordinaria cuyo costo se volcaba y sigue volcando sobre las espaldas del pueblo argentino (GRAN ESTAFA 1).

Para evitar que luego esa renta extraordinaria se traslade totalmente a los costos y precios de generación, transporte y distribución de energía, y su pago se haga impagable para los usuarios finales, el Estado Nacional se hizo cargo de una parte de ese costo extraordinario (que surgía de concederles esa renta extraordinaria a las petroleras), financiando la diferencia con impuestos generales. Se estima que en el período 2002-2020, el Estado Nacional erogó 143 Mil Millones de U$S en subsidios a la energía.

A ese saqueo y entrega donde se confabulaban las corporaciones y los sucesivos gobiernos nacionales, le llamaron ‘subsidios a los usuarios’ (un cuento para ocultar esa renta fabulosa que opera en realidad como un subsidio encubierto a tales firmas). Este concepto hace años que viene creciendo y genera grandes déficits en las cuentas públicas (GRAN ESTAFA 2).

En el caso de la provincia de Entre Ríos, la situación es más grave aún, pues la provincia es productora de hidroelectricidad con Salto Grande, y esa energía generada a muy bajo costo comparativo se traslada a la nación (que le abona a ER menos de 3 dólares el MWH), pero luego se la revende a la misma provincia (pero a casi 30 dólares el MWH). Negocio redondo… para la Nación (GRAN ESTAFA 3).

Como a su vez los usureros internacionales (con el FMI como fiel administrador de sus intereses) vienen cobrando un tributo cada vez más cuantioso al Estado, por intereses de una deuda fraudulenta que nunca debimos los argentinos pero pagamos más de diez veces y cada vez debemos más, en los últimos años se le exige al Estado que baje sus gastos para juntar más recursos para pagar ese creciente tributo a la usura.

Por eso exigen (y logran) políticas de ajuste sobre todo el pueblo argentino, que con su esfuerzo y sacrificio debe pagar los costos de la fiesta de los saqueadores, sin haber recibido ningún beneficio (GRAN ESTAFA 4).

En ese camino, los últimos dos gobiernos nacionales vienen actuando como gestores de los poderosos, tomando medidas para bajar los gastos públicos por dos vías: fuerte caída del poder adquisitivo de trabajadores estatales y de jubilados; y disminución de la parte del costo energético que se hacía cargo el Estado para garantizar la renta extraordinaria de las corporaciones, pasando ahora ese gasto directamente al bolsillo de los consumidores y usuarios (GRAN ESTAFA 5).

Por otro lado, desde los años 90 el Estado nacional se viene apropiando de recursos de la coparticipación federal que les corresponde legítimamente a las provincias y municipios, afectando sus ingresos y desfinanciado sus presupuestos.

Esto fue aceptado sumisamente por la mayoría de los gobernadores, quienes para compensar esa pérdida ilegítima de recursos van a aumentar los tributos provinciales, y lo mismo harán las autoridades municipales, con impuestos y tasas irracionales y distorsivas; generando una suba asfixiante de la presión tributaria.

Así, al 21% nacional del IVA sobre el consumo de energía, que es un bien esencial (cargado con una de las alícuotas más elevadas del mundo), se suman el 18% para obras de desarrollo eléctrico y gasífero (que no tienen relación directa con el consumo de energía que gravan), y un 24% de tributos municipales que son irracionales y se agregan a las tasas generales que deberían cubrir el costo del alumbrado público (GRAN ESTAFA 6).

Como si todo esto fuera poco, se viene cobrando un elevado costo de distribución de energía, que supera el tercio del valor total de la factura, por una empresa como Enersa que siendo de la provincia tiene más gastos de funcionamiento que cualquier empresa privada, y cuyos sueldos y honorarios millonarios del personal superior y cuyo consumo interno sin límites de energía, se cubren sin problemas cargando la tarifa al usuario final. Todo ello sin control por parte de los usuarios (GRAN ESTAFA 7).

En resumen, la voracidad sin límites de las grandes corporaciones saqueadoras de nuestros bienes comunes y de los usureros internacionales acreedores de una deuda fraudulenta e impagable, viene generando crecientes costos a los usuarios y consumidores de energía y combustibles, una mayor presión tributaria a toda la población y la pérdida sistemática de los salarios reales y los haberes jubilatorios.

Y esa sumisión de los gobiernos hacia los poderes concentrados se complementa con el saqueo que realizan los propios funcionarios, que se compensan recargando los tributos hacia abajo, es decir sobre el conjunto de la sociedad. Se hacen socios de las corporaciones, usufructuando los aumentos de precios y tarifas aplicando tributos indirectos y regresivos que recaen sobre el raído bolsillo de los consumidores y multiplican los valores finales de las tarifas.

El resultado de este proceso demencial de robo, estafa y entrega, son las últimas facturas de la electricidad, que están llegando a hogares y pymes con incrementos de 300, 400 y 500%, y más todavía en muchos casos, en relación al bimestre anterior. Y estas nuevas tarifas no tienen en cuenta un nuevo y reciente aumento a nivel nacional, y otro aumento provincial del 20% a partir de febrero (que por ahora estaría siendo postergado ante semejante estafa), que lleva el presupuesto de miles y miles de familia a una situación desesperante.

Este proceso provocará sin duda una fuerte caída del consumo de energía, con la pérdida de calidad de vida de cientos de miles de hogares, que es otro de los objetivos perseguidos por esta política, que busca achicar la demanda interna para dejar más saldos exportables, para ampliar las ganancias sin límites de un puñado de corporaciones petroleras que prefieren vender el combustible al mercado mundial, que paga precios cada vez más exorbitantes, a la vez que generar más dólares para pagar la deuda fraudulenta e impagable (GRAN ESTAFA 8).

Frente a la voracidad ilimitada de corporaciones y de la usura internacional, a la entrega vil de nuestros recursos y a la complicidad e insensibilidad de los gobiernos de turno, no hay otro camino que la más amplia resistencia de toda la sociedad, para reclamar activamente un freno al saqueo y un profundo cambio de rumbo de las políticas públicas.

Esperar pasivamente que esa nefasta alianza para la entrega y el saqueo modifique por sí misma y por iniciativa propia su accionar en beneficio del pueblo es ilusorio. Llevamos muchos años donde han demostrado que no tienen otros intereses que los mezquinos intereses propios. Y hacer más de lo mismo sólo traerá los mismos o peores resultados.

Si queremos evitar que se siga multiplicando la pobreza, con aumentos masivos de la energía y de la inflación que alimentan y fogonean. Si queremos parar el deterioro constante de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Si aspiramos a un futuro mejor para todos, y a cambiar la marcha hacia el abismo que nos vienen imponiendo. Debemos ser conscientes que tenemos que luchar por conseguirlo, porque está demostrado que nadie nos regalará nada.

Hoy la lucha se concentra en exigir la inmediata supresión de los aumentos abusivos de la energía eléctrica y empezar a discutir todos los abusos y estafas de las que somos víctimas. Debemos ir a reclamar ante los legisladores nacionales, ante el gobierno y los legisladores provinciales, ante el intendente y los concejales, ante los burócratas de los organismos de regulación, ante el defensor del pueblo, y ante quienes sean parte de esta cadena de corrupción. Y en eso debemos mostrarles que no estamos dispuestos a permitir más abusos y estafas de ese calibre.

No podemos aceptar que para mantener el saqueo sin límites de las corporaciones, los tributos sin límites de los usureros, las estafas y las claudicaciones de los funcionarios gubernamentales que viven en una burbuja de privilegios, negocien con el hambre y el sufrimiento de todo un pueblo empobrecido y sin futuro.

Pero felizmente el pueblo se está despertando, con asambleas y movilizaciones en diferentes lugares de la provincia, autoconvocados para frenar los abusos y para reclamar por sus derechos y por su dignidad. Muestran así su disposición a no resignarse ante los poderosos.

Rescato como conclusión, la consigna coreada a viva voz por quienes se movilizaron hoy para reclamar ante Enersa y el EPRE por la supresión de los aumentos, porque resume el camino que deberemos transitar entre todos:

“A LUCHAR, A LUCHAR,
A LUCHAR, A LUCHAR
BAJEN LAS TARIFAS,
DEJEN DE ROBAR”