Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expresaron su profunda preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno argentino de llamar a licitación para la concesión por 30 o 60 años de la Vía Navegable Troncal, mal denominada "Hidrovía". “La grave iniciativa oficial impacta directamente la salud de los ecosistemas del Río Paraná, y sus comunidades de seres humanos más que diversa, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la cuenca y las sociedades que dependen de él”, señaló a AIM el abogado ambientalista Jorge Daneri.

La licitación, gestionada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, “se basa en un modelo de concesión privatizadora y descontrolada de manera absoluta, que agrava las consecuencias socioambientales negativas en favor de un puñado de intereses económicos y financieros, perpetuando un enfoque extractivista que ha demostrado ser perjudicial para el sistema de humedales del Paraná y sus ecosistemas asociados”, explicó.

“El Río Paraná es un ecosistema esencial no solo para el comercio, sino también para la biodiversidad y el bienestar de ocho provincias argentinas. Desde hace décadas, el manejo del río ha estado marcado por políticas que favorecen la sobreexplotación con una visión exclusivamente agroexportadora y de importación complementaria para la total simplificación productiva de los territorios focalizada en el modelo sojero, minero y deforestador, lo que ha llevado a una degradación significativa de su ecosistema, la agricultura a escala humana y la salud de las poblaciones”, advirtió Daneri.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) “hemos denunciado en múltiples ocasiones que la existencia misma de la `Hidrovía desde su proceso de artificailización voraz y sin estudios ambientales serios e independientes´ representa un atentado contra los derechos del río y su capacidad para sostener los ciclos vitales necesarios para las diversidades ecológicas, económicas y culturales en el corazón de las provincias y sus mundos”.

“Particularmente denunciamos, que no se puede avanzar en este proceso licitatorio, sin la realización de estudios de impacto ambiental y su evaluación por la máxima autoridad ambiental nacional de manera concertada con las autoridades ambientales de las provincias involucradas en la ribera del Paraná Paraguay”, remarcó.

Daneri sostuvo que: “No se puede avanzar en este proyecto licitatorio, sin un órgano de control independiente y abierto también a las Provincias y la democracia ambiental en la aplicación y cumplimiento de sus herramientas de participación ciudadana, con los tiempos, responsabilidad y dedicación que lo expuesto determina”.

Y agregó: “Más aún, en la mayor crisis hídrica de la historia registrada, avanzar como se propone oficialmente desde la nación, va a llevar a profundizar todos los procesos de desertificación y destrucción del sistema de humedales de agua dulce más importante del país, por la directa e indirecta afectación a más de veinte millones de argentinos y el sistema de vida milenario que lo contiene en esta nuestra naturaleza litoraleña y mesopotámica”.

“La profundización a 42 pies liderada por el sector privado, el poder económico concentrado del agronegocio en el polo agroexportador de Rosario, con todos los privilegios del descontrol, es un agravio al federalismo de concertación y una violación grosera y sistemática de todo el contexto convencional internacional como regional. Así lo denunciamos públicamente, y así lo hacemos ante los tribunales de la Nación”.

Enfatizó el abogado: “Solicitamos a las Provincias se pongan a la altura de las circunstancias y en su caso, de no ser escuchados por el Gobierno Nacional, accedan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser negadas de manera vergonzosa y brutal en el caso que nos ocupa”.

“Solicitamos a las áreas ambientales provinciales involucradas, procedan conforme a Derecho haciendo vales sus competencias, sus constituciones provinciales y en particular los artículos 41, 42 (rol de las provincias en los órganos de control) 124 de la Constitución nacional”, concluyó.