El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – Caba) presentó un proyecto de ley para la creación de una Comisión Bicameral facultada para revisar las leyes aprobadas durante la última dictadura militar.

En tal sentido, el legislador expresó: “Queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática removiendo otro de los vestigios de la dictadura militar, como es la vigencia de leyes aprobados por fuera del sistema democrático”.

Esta iniciativa se da en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y a 40 años de la vuelta de la Democracia a nuestro país:

La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) creada por la dictadura sancionó entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 más de dos mil leyes, de las cuales 469 aún siguen vigentes.

Además, el diputado del FdT manifestó: “Si se atiende al total de 4.449 leyes vigentes, se advierte que casi una de cada diez fue aprobada por el gobierno de facto. Algunas de ellas son especialmente relevantes y significativas, como la Ley de Entidades Financieras, la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad entre otras”.

La Comisión bicameral propuesta por Valdés, además de revisar la normativa, tendrá facultades para “proponer las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, como así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.

Según el articulado del proyecto, dicha bicameral estará integrada por veinte miembros, de los cuales diez deben pertenecer al Senado y a Diputados. Los mismos serán designados por los presidentes de cada Cámara a propuesta de cada bloque, garantizando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las Cámaras y la paridad de género.

En el final, Valdés explicó: “Los Derechos Humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestro país desde el regreso de la Democracia. La promoción y protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a todas las políticas públicas”.