En este artículo de opinión, Eduardo Mariano Lualdi, coordinador del Foro Patriótico y Popular, compartió con AIM consideraciones sobre el voto argentino en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de Israel en relación al territorio palestino ocupado. “Esta decisión del gobierno de Javier Milei socava decididamente la posición argentina por la soberanía en Malvinas”.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) resolvió este miércoles exigirle a Israel que “ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado”, una decisión que la Argentina rechazó.

La representación nacional fue uno de los 14 votos en contra, y en los días previos a la participación del presidente Javier Milei, que el sábado prevé ofrecer un discurso crítico en la reunión del organismo internacional.

Con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, la ONU “exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar 12 meses después de la aprobación de la presente resolución”.

La Argentina votó en contra junto a las representaciones de República Checa, Fiji, Hungría, Israel, Malawi, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu y Estados Unidos.

La decisión de Milei ratifica su alineamiento estratégico con Eeuu e Israel. Implicó apartarse de una posición histórica de Argentina sobre el tema. En ese sentido, el Gobierno busca avanzar con el traslado de la Embajada en Israel hacia Jerusalén.

El rabino Shimon Axel Wahnish, embajador argentino en aquel país, trabaja al respecto con órdenes de Balcarce 50. Es una decisión que ignora la ley argentina sobre la residencia de la Embajada en Israel.

La Ley 14.025, sancionada el 31 de mayo de 1952 y promulgada el 14 de junio de ese mismo año, establece que la embajada Argentina en Israel debe tener por residencia Tel Aviv.

Esta decisión del gobierno de Javier Milei socava decididamente la posición argentina por la soberanía en Malvinas. En la actualidad, hay dos grandes conflictos coloniales. La ocupación de Malvinas y demás territorios ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aspira a colonizar más de cinco millones de kilómetros cuadrados de territorios de indudable soberanía argentina, y la ocupación colonial militar del Estado de Israel contra el Estado de Palestina. Agravan esta decisión del Ejecutivo nacional, las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que han costado más de 40.000 víctimas, de las cuales 16.000 son niñas y niños. Las autoridades sanitarias de Palestina, calculan que no menos de 10.000 personas están bajo los escombros, elevando la cantidad de muertos a más de 50.000.

Se debe tener en cuenta que Israel nunca apoyó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y demás territorios usurpados. Por el contrario, siempre apoyó la usurpación británica, y hoy, empresas israelíes, son parte de la rapiña de nuestros recursos hidrocarburíferos en la zona ocupada por los colonialistas británicos.

La posición argentina contra Palestina ha causado profundo malestar en las naciones y pueblos árabes que siempre apoyaron el reclamo argentino por los territorios usurpados por el Reino Unido. En la última reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, nuestro país estuvo expuesto a que dicho organismo permitiera la publicación de dos resoluciones diferentes, una reconociendo el derecho a la autodeterminación de los kelpers, contradiciendo el Derecho Internacional que niega a los ciudadanos ingleses residentes en Malvinas, este derecho propio de los pueblos originarios. La población británica en Malvinas no puede reclamar ese derecho porque se trata de una población inserta a partir de la primera ocupación colonial de nuestros territorios, ocurrida en enero de 1833, reiterada a partir de la segunda ocupación iniciada el 14 de junio de 1982.

El Consejo Nacional de Malvinas, recientemente designado, se ha mantenido en silencio ante este voto contra Palestina que perjudica la causa de Malvinas.

Tampoco ha emitido opinión sobre los becarios universitarios seleccionados en base a la contestación por parte de éstos de la pregunta “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?” dado que Argentina no reconoce la denominación británica “Falklands”, los habitantes ingleses de Malvinas no son nuestros vecinos y la invitación británica viola resoluciones reiteradas de las Naciones Unidas sobre el conflicto colonial entre el Reino Unido y la Argentina, y vulnera abiertamente la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución nacional.

No ha emitido opinión sobre las gestiones del diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, para el ingreso de Argentina como socio global de la Otan. Una negociación que sigue a la iniciada oportunamente por el ministro de Defensa, Luis Petri, unos meses atrás.

Eeuu y los países que hoy integran la Otan, fueron un apoyo fundamental para organizar, abastecer y sostener la agresión colonialista británica en 1982, y hoy son también los que apoyan al Reino Unido en la continuidad de esa agresión colonial.

La Constitución de la Unión Europea, aun cuando el Reino Unido la abandonó años atrás, denomina a nuestros territorios usurpados como “Territorios británicos de Ultramar”, incluyendo en esta falaz condición al Sector Antártico Argentino, al que llaman “Sector Antártico Británico”.

Se debe recordar que el actual Diputado Nacional Fernando Iglesias, fue uno de los 17 argentinos que, mediante la declaración “Malvinas, una visión alternativa”, apoyan la secesión de los territorios de Malvinas y otros de nuestra Nación, sosteniendo falazmente el derecho a la independencia de los kelpers, a quienes consideran “sujetos de derecho a la autodeterminación”.

Estas decisiones del gobierno de Javier Milei – Victoria Villarruel, son totalmente perjudiciales para los intereses soberanos de nuestra nación, y la defensa del derecho de todos los pueblos a defender su integridad territorial, su derecho a la autodeterminación y el ejercicio pleno de la soberanía sin tutela colonial o imperial alguna.