En la última reunión de la Mesa de Diálogo Social, “volvimos a exigir al gobierno provincial respuestas claras y medidas concretas frente a la crítica situación alimentaria que atraviesan los barrios populares”, dijo a AIM la referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Tamara Berales.

Comentó que: “Frente a este escenario, propusimos avanzar en un nuevo proyecto de ley o en la prórroga de la actual Ley de Emergencia Alimentaria, que a su vez permita actualizar el registro provincial de comedores y merenderos y garantizar la continuidad institucional de la Mesa de Diálogo. Es necesario que el Estado asuma el compromiso de sostener la política alimentaria provincial con reglas claras, sin discrecionalidad y con participación de los espacios comunitarios”.

“Hace meses, venimos denunciando que la provincia atraviesa un momento crítico, donde la pobreza, el avance de la narcoestrucutura y la falta de empleo multiplican la demanda en comedores, mientras el Estado provincial no asume la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria la crisis se sigue profundizando y golpea a los sectores más humildes”, dijo Berales a esta Agencia.

Es por ello que “el hambre no puede esperar licitaciones ni excusas administrativas. Si el gobierno no planifica con anticipación, son las trabajadoras comunitarias las que sostienen los platos de comida todos los días, sin ser reconocidas económicamente por su trabajo que es otro gran punto de la discusión”, advirtió.

Por otro lado, “la próxima reunión de la Mesa de Diálogo será clave: no solo porque es la última reunión del año, sino porque se vence el plazo de la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria y hasta el momento no hay por parte del gobierno provincial voluntad política de avanzar con una política alimentaria integral, transparente y con participación real de los espacios comunitarios”.

Concluyó enfatizando que: “Garantizar la soberanía alimentaria provincial no puede traducirse en reduccionismo ni asistencialismo. Es tiempo de pensar una política alimentaria con horizonte, que una las urgencias del presente con la construcción de un futuro donde el trabajo, la tierra y el alimento estén en manos de quienes los producen y los sostienen día a día”.