La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, responsabilizó al gobierno nacional por una crisis terminal en el Pami y advirtió a AIM que "no es casual que en los dos años de gobierno de Javier Milei la cifra (registrada) de fallecimiento de jubilados sea mayor que durante la pandemia".

La referente describió un escenario de desamparo absoluto para el sector: "Estos días constituyen el punto más alto de desatención a los millones de jubilados que aportaron al Pami mientras trabajaban activamente y que siguen aportando ahora como jubilados o pensionados".

En ese sentido, detalló que el colapso ya se traduce en la suspensión de servicios: "Ya van varios días de cese de médicos de cabecera, clínicas, prestaciones y farmacias. Todos los jubilados, en todo el país, carecen de atención y ya están informando que para ser atendidos tendrán que abonar".


La dirigente cargó con dureza contra lo que definió como un "manejo de casta" de los recursos del organismo: "Mientras el gobierno nacional establece sobreprecios, nombra jerárquicos a sueldos millonarios, tranza con laboratorios y grupos concentrados de salud; y paga anteojos, prótesis, pañales, sillas, o sea insumos, a precios exorbitantes", enumeró.

En esa línea, apuntó contra el destino de las partidas de la obra social más grande de América Latina, cuyos fondos consideró desviados. "Se puede suponer que están yendo al mantenimiento del dólar para garantizar el carry trade y las importaciones, o al pago de la deuda con Trump y con el FMI", sostuvo, y remarcó que "no hay rendición de cuentas ni auditoría que valga" porque "la obra social está intervenida y la camarilla que la dirige ha sido confirmada y ampliada por Milei".

Además, la presidenta del Centro de Jubilados de ATE denunció que la falta de auditoría persiste pese a las alertas. "Por todo este robo, que no se investiga a pesar del rojo en las cuentas y de que varias funcionarias de La Pampa, La Plata, periodistas e incluso intendentes denunciaron negociados a costa del recorte de sueldos, de tratamientos, de atención y de entrega de medicamentos sin costo, Pami atraviesa una crisis prestacional y de medicamentos que afecta a millones de jubilados", afirmó.

Sobre el impacto territorial del ajuste, la sindicalista graficó: "Se cierran dependencias y los jubilados deben viajar kilómetros para conseguir lugar donde atenderse, farmacias o laboratorios". A ello sumó que, "debido a la rebaja del pago a los médicos de cabecera, muchos se retiran de sus puestos", mientras "las asociaciones médicas y prestadores realizan medidas de fuerza y suspenden turnos en rechazo al retraso de pagos del organismo".

La crisis golpea con especial fuerza en el acceso a la medicación. "No se garantiza la cobertura de medicamentos: más de dos millones de afiliados quedaron excluidos de la cobertura de entrega gratuita de fármacos, debiendo ahora gestionar subsidios sociales o trámites de excepción para acceder a ellos", denunció Ávalos, quien aclaró que, aunque "el gobierno asegura haber girado fondos para regularizar las deudas, siguen las demoras y el colapso en clínicas y consultorios externos".

Finalmente, la dirigente reseñó el pliego de reclamos histórico de las organizaciones de jubilados, que exigen "un programa para el conjunto de los jubilados actuales y futuros". Entre los puntos centrales, enumeró: "Basta de 47 años de intervención en el Pami, que se cumpla la ley, apertura de los libros, investigación de contratos y de personal con sobresueldo, juicio y castigo a los funcionarios responsables del robo y vaciamiento del Pami". A ello agregó el pedido de "restitución inmediata de medicamentos sin costo, ampliación del listado, de la atención, tratamientos, insumos, cuidadoras".