La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, lamentó la rapidez con la que se otorga la jubilación a funcionarios políticos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Además, cuestionó la brecha que hay entre quienes cobran más y los que perciben la mínima en Entre Ríos.

Ante la jubilación de Emilio Castrillón, vocal del STJ, Ávalos indicó a esta Agencia que “la baja expone dos cuestiones trascendentales en el sistema previsional provincial: por un lado la desigualdad en la gestión de las jubilaciones que implica el ejercicio de poder y demuestra la asimetría en el Estado de derecho, donde los funcionarios de alto rangos tienen privilegios sobre el resto de los trabajadores; y por el otro la distancia que hay entre quien cobra la máxima y quienes perciben la mínima salarial”.

En ese sentido, precisó que “es triste ver la situación desigual, porque una persona que inicia un trámite tiene un plazo de aproximadamente de entre seis meses y, en algunos casos, puede extenderse a dos años para la adjudicación, como hubo casos”.

Además, apuntó que la jubilación de las autoridades del STJ “develan la tremenda desigualdad que hay en la cuestión salarial, ya que una persona cobra casi 800 mil pesos mensuales mientras que otra no llega a la canasta básica familia y tiene que pedir créditos para sobrevivir”.

Por otro lado, Ávalos lamentó los posibles casos de el abuso poder y la violencia de género que fue denunciado el integrante del STJ y consideró como mujer gremialista que la denuncia que se le realizó a Castrillón “debe ser investigado (más allá de la jubilación) por la Cámara de Diputados y por la Justicia entrerriana. Sería saludable que en Entre Ríos –como ocurrió en Estado Unidos con Trump- la Legislatura avance en el juicio político, para demostrar la independencia de poderes y la fortaleza de la democracia”.