La reforma previsional “pone en riesgo conquistas históricas de la 8732”, afirmó a AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Avalos, quien remarcó que el debate “tiene que ser cómo se financia el sistema sin que el ajuste recaiga sobre los jubilados y pensionados”.
En una asamblea informativa realizada en el Hospital Gerardo Domagk, trabajadoras y trabajadores del sector salud se reunieron para debatir colectivamente la situación actual, con la participación de la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Avalos, quien expresó fuertes críticas al proyecto de reforma previsional en la provincia.
Si se avanza con una fórmula atada a índices de recaudación e inflación, como ocurre a nivel nacional, los jubilados van a perder poder adquisitivo
Juana Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Entre Ríos.
Durante su intervención, cuestionó los ejes centrales del proyecto de reforma previsional que se discute en Entre Ríos. “El cambio en la movilidad y el nuevo cálculo del haber inicial van a achatar las jubilaciones y ponen en riesgo conquistas históricas de la Ley 8732”, afirmó.
La dirigente remarcó que la normativa vigente es considerada por el sector pasivo como una garantía construida a lo largo de años de lucha. En ese sentido, advirtió sobre uno de los puntos más sensibles de la iniciativa: la modificación del cálculo del haber inicial. “Hoy la jubilación se calcula en base al promedio de los últimos diez años de vida laboral, pero lo que se propone es llevarlo a 30 o 35 años. Esto va a generar un achatamiento inmediato en los haberes, porque los salarios al inicio de la carrera son mucho más bajos”, explicó.
Otro de los aspectos que generó preocupación es el posible cambio en el sistema de movilidad. Ávalos alertó sobre el riesgo de romper el vínculo entre los haberes de los jubilados y los salarios de los trabajadores activos: “Indudablemente este es un desenganche claro. Si se avanza con una fórmula atada a índices de recaudación e inflación, como ocurre a nivel nacional, los jubilados van a perder poder adquisitivo”.
Asimismo, advirtió que, de prosperar el proyecto en estos términos, podría abrirse un escenario de conflictividad judicial, por lo que “no descartamos que haya planteos de inconstitucionalidad, porque se estarían vulnerando derechos protegidos tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial”.
Ante ese escenario, hizo un llamado a los poderes del Estado para que el debate no se centre en el recorte de derechos: “La discusión tiene que ser cómo se financia el sistema sin que el ajuste recaiga sobre los jubilados y pensionados. El ajuste no lo deben pagar los jubilados”.
La asamblea concluyó con el compromiso de mantener el estado de alerta y fortalecer la organización colectiva en defensa de condiciones laborales dignas y de un sistema de salud pública al servicio de la comunidad.