La Presidenta del Centro del Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, criticó el proyecto de Ley que busca arancelar la salud pública. “Hay jubilados que no tienen obra social y que podrían ser víctimas del cobro arbitrario de las prestaciones de salud si el proyecto se aprueba”.

La Cámara de Senadores dio media sanción a un polémico proyecto que arancela la salud pública provincial y establece la obligatoriedad del cobro por parte de los establecimientos asistenciales dependientes del ministerio de Salud de la provincia -efectores- de los servicios brindados a beneficiarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepagas, seguros de accidentes, Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y a personas que concurran a los efectores públicos de la provincia que no tuvieren cobertura social pero posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector”.

La iniciativa “es justa en cuanto a cobrar aranceles a las obras sociales, prepagas y ART, pero abre una peligrosa puerta al buscar cobrarle a personas ‘que posean recursos’, porque esos artículos son un arma de doble filo porque no se sabe con qué vara se resolverá quién puede o no pagar”, dijo la referente provincial.

En ese sentido, consideró como “lamentable, la actitud del gobierno entrerriano que busca que sea ‘rentable’ el sistema de salud, ya que los derechos no son mercancías y el Estado no es una empresa, lógica que arrastra el Bordet en la provincia quien tiene piensa como los contadores privados que consideran clientes a los ciudadanos”

Ante ese escenario, Ávalos dijo que “hay que comenzar a pensar la salud como un derecho humano y desde las instituciones estatales se debe defender ese principio como un hecho inalienable de la democracia argentina, que involucre tanto a los gobiernos como a los trabajadores, por lo que el Instituto Obra Social de Entre Ríos también debe sostener esta premisa trascendental al garantizar sus prestaciones a los afiliados, ya que la obra social fue excluida de esta norma como el Programa Médico Asistencial (Pami)”.