El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda obtuvo la media sanción del Senado, tras un tratamiento exprés en Diputados. La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda. Mientras tanto, el recinto se transformó en una arena de disputas entre oficialismo y oposición por responsabilidad de endeudamiento, pudo saber AIM.

El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, en una muestra de respaldo de todo el arco político al proceso que iniciará próximamente el ministro de Economía.

El texto recibió 65 votos afirmativos y hubo solo siete senadores ausentes: el expresidente Carlos Menem por el Frente de Todos; Alfredo De Angeli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Ernesto Martínez y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio; y José Alperovich, quien se encuentra de licencia.

Si bien oficialismo y oposición coincidieron en que la norma será una contribución importante a las conversaciones con los bonistas, el recinto de la Cámara alta fue escenario de fuertes pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.

Mientras transcurría el debate, que duró casi nueve horas, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó a la prensa que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, asistirá al Congreso el próximo miércoles 12, para exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la deuda externa, tal como estaba pautado en el cronograma oficial.

Según ese esquema, hacia fines de febrero iniciará formalmente el período de reuniones e intercambios con los tenedores de deuda externa, y la segunda semana de marzo se lanzará la oferta, de modo que cuando finalice el mes se anunciarán los resultados de las negociaciones.

El proyecto aprobado por el Senado solo contempla la deuda bajo legislación extranjera, lo que, según Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) solo representa “el 45 por ciento de la deuda” y “el 15 de los vencimientos que tenemos en 2020”.

Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.