El dirigente agropecuario Felipe Pablo Berruhet aseguró a AIM que la emergencia agropecuaria llegó a destiempo y no representa un acompañamiento real del gobierno a los productores afectados por la seca. Además, el contador criticó la ausencia del sistema financiero.

El cooperativista indicó que el conflicto generado por las contingencias climáticas en la provincia tiene tres ejes: “La situación climática, la financiera y la legal”.

Desde el punto de vista climático, La niña “no terminó, por lo que el número final del desastre está por verse”, aseguró y precisó: “Es el tercer año que durante un período prolongado de tiempo (entre cuatro y seis meses) los productores entrerrianos -que son aproximadamente 14.000- sufren la seca, es decir, es el tercer año que el clima se empecina en arruinar las cuentas”.

En ese sentido, apuntó que “es difícil pensar que se puede salir airoso en poco tiempo después de tres años de sequía, donde los números fueron dispares y donde se acumularon deudas (comerciales, impositivas y de todo tipo)”.

Por otro lado cuestionó el sistema financiero. Desde el punto de vista financiero, el “sistema lo único que hace es atender a los Estados (Nacional o provinciales), por lo que se puede ir a pedir la carpeta agropecuaria en cualquier institución bancaria y no representa más de dos o tres por ciento”.
“Entonces si en un estado de emergencia el crédito no está disponible, estamos complicados porque los productores deben financiarse para poder sobrevivir con créditos comerciales (de cooperativas, casas de agro insumo y exportadoras) , por lo que el gran ausente en este momento de crisis es el sistema financiero”, advirtió el dirigente agropecuario, quien aclaró que: “Al haber tanta desconfianza en el sistema financiero y en el gobierno, los productores piensan que ‘el mejor crédito es el que no se toma’ y eso es un problema, porque las economías en el mundo nunca se desarrollan con ausencia de crédito y menos con ausencia de voluntad de tomar un crédito para tomar otras actividades”.

En cuanto a lo legal, “el Estado provincial se apega a la norma y los del sector agropecuario le explicamos a los gobiernos que las normas son las que, actualmente, no sirven (10.836 de emergencia agropecuaria) porque seguimos pensando que el sector no tiene la posibilidad de que lo eximan de impuestos salvo que sea un desastre (con pérdidas superiores al 80 por ciento) y para que eso pase, prácticamente, tiene que ser una catástrofe nacional, es complicado. Lo más probable es que la mayoría entre en la categoría de ‘emergencia’ que es una pérdida mayor del 50 por ciento y en ese caso se difieren los impuestos”.

En ese marco, precisó que “no se puede sacar una Resolución el 28 de diciembre cuando el vencimiento del cuarto anticipo fue el 27, por lo que un montón de productores seguro que pidieron prestado, malvendieron, se endeudaron o hicieron malabares para cumplir porque las sanciones que se le imponen por no cumplir con el Inmobiliario Rural son dañinas” .

La norma “pospone el primer y segundo anticipo del 2023 y luego lo ajustará, es decir, si antes había a hacerlo en un 40 por ciento lo hará en un 60 por ciento y con eso absorberá lo posdatado que hace al 15 de enero de 2024, es decir, la medida es más de lo mismo”, dijo y ejemplificó: “En la última emergencia de 14.000 productores no se presentaron más de 200 y de esos tuvieron acceso a créditos para paliar la situación un 20 por ciento, porque sigue vigente la norma del Banco Central que quienes se guardaron soja para sembrar no se les da crédito y se otorga es a una tasa del 120 por ciento”.