El reconocimiento internacional de zona libre de mosca de los frutos le permitió a la Patagonia potenciar la producción, ampliar destinos y disminuir costos de exportación. Por cada dólar que invierte el sector en el programa de control y erradicación de la mosca, factura 15,4 dólares.

Debido a los daños que produce en la fruta, la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata) es considerada como una de las plagas de mayor importancia económica para la producción frutihortícola mundial. Para erradicarla y cumplir con los estándares de sanidad e inocuidad, en la Argentina se creó el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (Procem). Se trata de un proyecto público-privado que permitió la validación internacional del estatus sanitario “libre de mosca de los frutos” para toda la Patagonia argentina.

La instalación de barreras sanitarias para proteger a una zona de una plaga es considerada como un bien público, ya que el beneficio es para todos los productores de esa región. En este sentido, Darío Fernández –director del Inta Alta Valle, Río Negro– destacó que “el logro y mantenimiento de este estatus sanitario a lo largo del tiempo da confianza a los mercados internacionales sobre el trabajo que realizan los productores y el organismo sanitario nacional”.

Implementado hace 20 años, el Procem permitió incrementar las exportaciones de peras y manzanas a los mercados en los que la plaga es cuarentenaria y diversificar la oferta, particularmente con el crecimiento de la producción y exportación de cerezas.

“El sostenimiento del programa durante estos 20 años continúa dando sus frutos y permite no solo mantener los mercados tradicionales, sino que brinda la oportunidad de incursionar en nuevos destinos con mayores exigencias”, señaló Fernández y ejemplificó: “Como el mercado chino. A inicios de 2019, se realizó la primera exportación directa de cerezas a ese país”.

“El estatus de ‘zona libre de mosca de los frutos’ permite la exportación de nuestras frutas a los Estados Unidos por cualquier aeropuerto o puerto, tanto de la costa este (Atlántico) como la costa oeste (Pacífico)”, agregó Fernández.

Uno de los principales resultados de la vinculación entre el Inta, el Senasa, el gobierno provincial, empresarios y asociaciones de productores es que la Argentina pudo ganarse un lugar en el mercado mundial de frutas de pepita.

De acuerdo con Eduardo Merayo –director de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa)–, “el estatus sanitario nos permite competir con los principales productores del hemisferio sur, como Chile, Australia y Nueva Zelanda”.

“Estamos en las mejores condiciones sanitarias. Desde Funbapa trabajamos para que los productores puedan comercializar sin barreras”, afirmó Merayo quien reflexionó: “Tenemos todas las posibilidades para producir y vender más”.

Si bien el mantenimiento del estatus sanitario, en el largo plazo, puede resultar oneroso es una inversión que se recupera con creces. En términos económicos y, gracias a esta articulación público-privada, por cada dólar invertido al año en el Procem, el sector frutícola patagónico factura 15,4 dólares (FOB, valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país).

Un proyecto con historia

Creado para facilitar el comercio exterior, mediante el cumplimiento de estándares de sanidad e inocuidad, el Procem busca que las frutas argentinas puedan acceder a un mayor número de mercados, gracias a la mejor reputación de los productos agropecuarios y del organismo de sanidad tras demostrar su habilidad para la erradicación de plagas y enfermedades.

Para poner en valor las acciones implementadas a lo largo de 20 años de trabajo conjunto, el Inta y Funbapa presentan el libro “Evaluación del Impacto Económico del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos”.