El Gobierno nacional pretende a avanzar en el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, confirmó el diario porteño Clarín.
Según el rotativo, la iniciativa “recobró impulso en las últimas horas y, ahora, el presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero”.
La principal novedad en la letra del texto, al que tuvo acceso Clarín, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La información fue confirmada a Clarín por altas fuentes oficiales. Más: el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
Fuente: diario Clarín, edición digital. Fecha de publicación 6-1-19.