Este lunes se conoció a través de un comunicado oficial que el Gobierno de Entre Ríos se presentaría como querellante en la causa abierta por las quemas en las islas de Victoria. El anuncio trascendió en momentos que, justamente, se notificó al Ejecutivo de las medidas de control impuestas por el amparo ambiental admitido por el juez Federal Daniel Alonso, observó ante AIM Fabián Maggi, abogados patrocinante por el Foro Medio Ambiental.
“Nuestra posición es contraria al Gobierno de Entre Ríos. Creemos que el juez debe rechazar la constitución como querellante del gobernador. Y nos fundamentamos en el texto de la ley, en las obligaciones que tienen estos funcionarios y nos fundamentamos en la jurisprudencia de los distintos casos, fundamentalmente de los que guardan gran similitud con el presente”, indicó a esta Agencia Fabián Maggi, que integra el grupo de abogados que llevaba adelante la demanda impulsada por Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental. Estas organizaciones presentaron un “acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva”, así como de “recomposición ambiental e indemnización sustitutiva”, que fue admitida por el Juzgado Federal 2 de Paraná y por el cual se dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” y planteó al gobierno provincial un plan para prevenir nuevos incendios. Como derivación este trámite judicial se abrió una instancia penal para conocer los responsables de los lotes donde se producen las quemas en las islas y ante lo cual el lunes el gobernador Gustavo Bordet decidió “que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular” en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.
“La constitución como querellante implica ya que tomamos parte del ejercicio de la acción penal, con lo cual podemos producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante. Eso es lo que el gobernador decidió hacer en el día de la fecha”, explicó a su vez el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Jurisprudencia
En este sentido, el letrado consultado refirió “a una causa que también se tramitó en la Justicia Federal, en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el juez Carlos Villafuerte Ruzo dictó una medida cautelar por las fumigaciones que estaban perjudicando a los vecinos, la Municipalidad quiso constituirse como querellante en la investigaciones de este delito, el juez lo rechazó por los motivos que comenté y posteriormente la Cámara de Apelaciones de Rosario, rechazó esta pretensión de constituirse como querellante en los hechos investigados por considerar que podía ser penalmente responsables por la omisión de los deberes de funcionario público que se les podría llegar a imputar. Creo que esto mismo ocurre con la gobernación de Entre Ríos y el municipio de Victoria porque a nuestro entender no están facultados para constituirse como querellantes porque tiene comprometida también su responsabilidad penal por la omisión de deberes de funcionarios”, sostuvo.