Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag) pidieron hoy en la audiencia convocada por el Juzgado Federal de Gualeguaychú que se reactive la causa, ante la contaminación; que se cite a directivos de la pastera; y que se cumpla el tratado Olivos-Anchorena, informaron a AIM.
“Botnia-Upm contamina”, sentenciaban los carteles en el ingreso al Centro de Convenciones del Parque de la Estación, donde se concretó la audiencia pública. La instancia fue convocada por juez Hernán Sergio Viri, en el marco de los autos caratulados “UPM (ex Botnia) y otro s/ infracción Ley 24.051 (ART. 55)”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.
En la jornada participaron integrantes y abogados de la Acag; el intendente municipal, Martín Piaggio; integrantes de la Policía Federal; el ingeniero Hérnan Orduna; la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru); la secretaria de ambiente de Entre Ríos; el subsecretario de Ambiente de Nación; y una ingeniera de la Secretaría de Ambiente de provincia de Buenos Aires.
En ese marco, la Asamblea “planteó que el monitoreo es totalmente incompleto y se hizo un pedido de cómo se tiene que hacer el monitoreo para que sea serio y arroje algún resultado, porque solo se hacen los análisis químicos y no los biológicos y toxicológicos”, contó a esta Agencia Javier Pretto, integrante de la Acag.
Además, “se ofrecieron pruebas de todas las violaciones que realizó el Uruguay (antes y después de La Haya); de las cosas que se encontraron (como que diluían el agua a la salida de los afluentes para que le den los análisis); que se encontró un caño clandestino destinado al arroyo Yaguarí; y que se tiene que avisar con diez días de anticipación para hacer un monitoreo, lo que es poco serio”, precisó el activista, quien apuntó que se dieron todas las pruebas al magistrado, “lo que le permitirá tener otra visión de lo que estaba interpretando de la causa”.
En ese sentido, Pretto remarcó que actualmente “ni siquiera se cumple el Pacto Olivos-Anchorena. Desde Uruguay todo se prohíbe, nada se permite y si no se puede revertir eso, no se está haciendo nada”.
Ante ese escenario, desde la Acag esperan “que el juez active la causa y llame a los directivos de Botnia y envié un exhorto a Cancillería para que se cumpla lo pactado en Olivo-Anchorena, para tener parámetros serios de una mega planta de pasta de celulosa que contamina”.