La acción de amparo fue presentada hoy a la mañana por cinco organizaciones ambientalistas y animalistas junto con una medida cautelar que solicita se derogue la polémica resolución Nº 1.099 de la Dirección de Recursos Naturales que habilitar la temporada de caza menor en la provincia, se indicó en un comunicado a AIM.
Con la resolución Nº 1099, la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó desde el 14 de mayo pasado y hasta el 15 de agosto la caza de seis especies, perdiz chica, pato picazo, pato sirirí pampa, pato sirirí colorado y pato capuchino, –cinco de ellas autóctonas, se subrayó a esta Agencia– lo que provocó una ola de críticas y repudios de gran parte de la sociedad.
Por su parte, el diputado provincial Manuel Troncoso (PRO), ingresó el pasado 30 de mayo a la cámara baja un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo Provincial que se derogue la polémica medida.
La medida de amparo apunta a que se declarare nula la resolución Nº 1099 y se fundamenta en la falta de estudios adecuados de las poblaciones de las especies habilitadas y de la presión de caza, en la carencia de un registro de cazadores y en la incapacidad para fiscalizar por parte del Gobierno Provincial, entre otras falencias; como así también la importancia de la consideración de éstas como Sujetos de Derechos.
La acción de amparo fue presentada esta mañana en la Cámara Civil, Sala 3ra del Tribunal de Justicia de Paraná por parte de las siguientes organizaciones: Ceydas Ong (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Foro Ecologista de Paraná Ong, Conciencia Animal Ong, Caaser Ong (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos) y Ajam Ong (Asociación Civil por la Justicia ambiental) en conjunto con las abogadas Aldana Sasia y Cecilia Domínguez.
Otro de los aspectos importantes que cuestionan las organizaciones es que cuatro de las especies que el Gobierno Provincial habilitó para la caza son aves migratorias, hecho que implica un “recurso compartido” entre varias provincias y países por lo que Entre Ríos no puede tomar una decisión unilateral sobre ellos.