La abogada del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Cecilia Domínguez, afirmó a AIM que “la caza de animales autóctonos es inconstitucional y viola tratados internacionales sobre protección del ambiente”.
El Juez de Cámara, Marcelo Baridón, decidió anular parcialmente por inconstitucional la controvertida Resolución 888/23 que habilitó en mayo pasado la caza de Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Barcino (Anas flavirostris) e Inambú Común (Nothura maculosa) y Perdiz Chica (Nothura maculosa), todas especies autóctonas.
Sobre el fallo, la abogada indicó que es ambivalente, ya que “tiene un carácter positivo dado que suspendió Resolución que habilitaba la actividad de caza para este año. Pero, sin embargo, podemos encontrar que la verdad es que lamentablemente no se tuvo en consideración el pedido de declarar a los animales como Sujetos de Derechos, algo que de alguna manera se viene dando en todo lo que es la jurisprudencia a nivel nacional, en diferentes provincias; e incluso con el fallo del año pasado del vocal de cámara al doctor Marfil, que de alguna forma sí declaró a los animales como ‘seres sintientes’, el cual, produjo un avance muy importante a nivel doctrinario, tanto, a nivel nacional como internacional”.
Además, lamentó la dilación en los tiempos: “Lo mejor hubiera sido una respuesta judicial más rápida, en relación a lo que es un proceso de amparo, siendo éste una vía expedita, un remedio judicial, que se utiliza como excepción, por decirlo de alguna manera, y que llevó más del tiempo necesario”. Asimismo, cuestionó que “se desestimó pedido de prohibición de la caza por cinco años, que era lo que habíamos pedido, en razón, básicamente, de que los estudios que fueron presentados y fundamentaba la Resolución no arriban a conclusiones sobre el estado actual de anátidos dado que son necesarios por lo menos cinco años de monitoreos, sumado a esto, fueron realizados por la Cámara de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), por lo que tienen un sesgo de parcialidad ya que, obviamente, fueron realizados por un ente que está buscando la habilitación de la caza”.
Como puntos positivos, la abogada animalista destacó que “se reconoció que se violaron diferentes convenciones, acuerdos, como, por ejemplo, el que protege a la Biodiversidad a nivel internacional (el Convenio sobre la Biodiversidad), Convención de Boom, de Ramsar y el acuerdo de Escazú, que exhorta a los países miembros a que en determinadas situaciones (o en todo lo que tenga que ver con injerencias a nivel del derecho ambiental) se le dé una participación a todos los actores dentro de esa sociedad, algo que, efectivamente, la provincia de Entre Ríos, el Poder Ejecutivo especialmente, no lo hizo y quedó confirmado en el fallo por, la prueba que fue volcada, es decir, no hubo participación por parte de la sociedad, algo que, digamos, debe realizarse como un acto político democrático a nivel social”.
Asimismo, la activista indicó que “no se habla tanto de lo que es la Constitución a nivel Nacional, pero sí lo que es la violación a la propia Constitución de Entre Ríos, en lo que se refiere a la protección de la Biodiversidad y, por otro lado, del Artículo 45, que habla sobre la ‘delegación’ ya que la provincia prohíbe la delegación de actividades que le son propias a funcionarios públicos delegándolas a un tercero”.
“Un dato importante es que la actividad de caza dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos (de Anatidos y de Perdíz) o cualquier actividad de caza menor está en sí prohibida”, ya que remarcó que la Ley 4841 “prohíbe específicamente la caza de lo que es la fauna silvestre autóctona. Sin embargo las Resoluciones emitidas por la Dirección de Recursos Naturales serían una excepción a dicha prohibición” dijo. Y agregó: “Hay que avanzar en la inconstitucionalidad de las Resoluciones o bien acciones declarativas de inconstitucionalidad, como, por ejemplo, sucedió en la provincia de La Pampa”.
En La Pampa, hace un par de años atrás, se inició una demanda contra el Estado justamente por el tema de la caza con jauría, la caza mayor con jauría en el caso de jabalí, pero el problema es que “este tipo de procesos no son cortos, son largos y lleva su tiempo y más aún cuando hay muchos intereses políticos y económicos”.
Animales como sujetos de derecho
Por otro lado, la abogada consideró que hay que avanzar en declarar los animales como sujetos de derecho: “Lo cierto es que a nivel judicial, acá en Entre Ríos se han dado algunos fallospositivos en materia penal, la verdad es que felicito a los jueces penalistas que se hayan animado a hacer estas declaraciones dentro de lo que es Entre Ríos al reconocer a los animales como sujetos de derecho”.
Al respecto, recordó que “un fallo lo emitió el Dr. Germán Dri de Concordia, del Juzgado de Garantías 4 de Concordia, y otro con la Dra. María Gabriela Garbarino Juzgado de Garantías Nro. 3 en Paraná, quienes hicieron la declaración como sujeto de derecho de los animales”. Sin embargo, indicó que “lamentablemente en la justicia civil, por decirlo de alguna forma, cuesta; y esto no lo vamos a poder conseguir de la noche a la mañana. Es un trabajo que hay que continuar haciendo, continuar reclamándolo, y algo que hay que destacar también es que no debemos quedarnos solamente en el mero estadio de conculcar los derechos de los animales dentro la esfera negativa, es decir, cuando pasa un acto de maltrato de crueldad animal, y decir, bueno, ese animal no tiene que padecer este acto de maltrato; sino justamente lo que se buscó en el amparo trasciende el reconocimiento de los derechos negativos para abrir el campo del reconocimiento de sus derechos en la esfera positiva”.