En Paraná la primera reunión organizativa para el tercer Paro Internacional de Mujeres fue convocada para este lunes. Se espera realizar una asamblea por semana hasta llegar al 8 de marzo. La demanda se redobla en presupuesto para la Ley Micaela y se hace un llamado de atención a que hoy por hoy la policía no está en condiciones de garantizar las restricciones perimetrales a las víctimas de violencia, señaló a AIM Jorgelina Londero, de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.[{adj:35307 alignright}]
En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para este lunes a las 20:00 estaba convocado el primer encuentro hacia el #8M en la capital provincial. La organización de lo que será el tercer Paro Internacional de Mujeres está a cargo de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que realizó una invitación para apuntalar lo que esperan será una movilización masiva, contó a esta Agencia una de sus voceras, Jorgelina Londero.
Para esta primera reunión se espera abordar la organización del próximo 8 de marzo. “No sólo es cómo nos vamos a organizar para el #8M, si no cómo nos vamos a organizar para todo el año”, anticipó, ya que consideró “tendremos que seguir en al calle contra el ajuste, la represión y las condiciones que nos impone este sistema capitalista y patriarcal que hoy por hoy se está llevando la vida de una compañera mujer, lesbiana, trava cada 28 horas”.
Londero ponderó que será muy importante comenzar a re discutir “las condiciones de la emergencia en violencia de género dado que es urgente que podamos abordar la problemática de la cotideanidad de las compañeras travas y transexuales que tiene una expectativa de vida de 35 años y que cuando no son asesinadas por un violento, por un travesticida, son víctimas del travesticidio social, del abandono, de la discriminación, de la ausencia total de políticas públicas para garantizar una vida digna libre de violencia y discriminación”.
En lo que respecta a los reclamos hacia el Estado, la activista apuntó: “sabemos que en el 2018 Mauricio Macri solamente ejecutó el 58 por ciento del monto que aprobó el Congreso para combatir y erradicar la violencia de género en el país. Y este año lo destinado por el gobierno nacional para asistir a las víctimas de violencia será de 11,36 pesos. Durante el mes de enero, en 31 días, hubo 30 feminicidios. Por otro lado, la Asociación de Víctimas de Violación en Argentina, nos indica que en los casos de abusos sexuales a menores en nuestro país, que el Estado tiene la obligación inmediata de tener que intervenir en estos casos y no lo hace, es que hay 50 violaciones cada semana. Las estadísticas de esta organización nos están indicando además que la Justicia sólo actúa cuando acuden denunciando las instituciones que tienen personal capacitado en perspectiva de género. Esas es otra de las necesidades. Es muy importante que haya presupuesto para cumplir con la Ley Micaela (que crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres), que en todos los ámbitos haya profesionales, integrando equipos interdisciplinarios con perspectiva de género. Porque no es lo mismo una denuncia sea tomada por alguien que está formado para abordar la problemática de la violencia, que otro trabajador del sistema. Ocurre por todas las instancias donde la víctima tiene que transitar”.
Estado ausente
Londero subrayó la convocatoria, con la idea que espera para el 8 de marzo sea “multitudinaria, ya que está claro que el Estado y sus instituciones han demostrado que no pueden articular y trabajar con políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis y transexuales. Creemos que es muy importante visibilizar no sólo las exigencias del movimiento, la falta de políticas públicas, si no también que la policía en este momento no está en condiciones por ejemplo de garantizar que se cumplan las (restricciones) perimetrales. Está el caso del femicidio de Federal. El violento y agresor tenía denuncias con anterioridad, violaba constantemente la orden de restricción y la seguía violentando de muchas maneras. Finalmente la asesinó; ahí hay hijes que se quedan sin una madre, hay una beba que está peleando por su vida en el Hospital de Concordia, y la policía no sólo no pudo garantizar una vida libre de violencia de la denunciante, si no que ni siquiera cuidó al feminicida, no se ocupó de que haya Justicia. Porque a nosotras no nos hace bien ni nos pone contentas que un feminicida se quita la vida después de cometido un feminicidio. Sí nos haría bien que no haya más, eso sería justicia. También sería justicia de quienes lleguen a juicio porque han cometido un delito contra la integridad de una mujer, una lesbiana, una travesti o una transexual, puedan cumplir con la condena, que el lo que el Estado en el marco de la garantía debería otorgarle. Por lo tanto decimos que la policía hoy por hoy no puede hacerse cargo de la garantía que las medidas de protección hacia las denunciantes se cumplan. Acá hay tiene que haber un contralor mucho más efectivo. Tienen que viabilizarse otras medidas más efectivas, ya dijimos que el botón anti pánico no sirve, porque responsabiliza a la víctima de dar a viso que su vida está en peligro otra vez. Quienes tienen que tener el contralor son los victimarios o agresores. Deberían tener tobilleras (electrónicas) u otro tipo de método que garantice a la denunciante la medida de restricción o perimetral y pueda ir a trabajar y hacer su vida de otra manera, aspirar a desarrollar su cotidianeidad libre de miedo. Todo esto no está sucediendo”, planteó.
Por último, la asambleísta del movimiento sostuvo que “es urgente que se habilite la emergencia de género en este país, que se destinen recursos extraordinarios para que en todas las instituciones del estado se trabaje estas problemáticas para efectivamente erradicar la violencia”.