Bastaron tres meses para que unas 800 mil personas fueran asesinadas a machetazos. Ocurrió en Ruanda hace 25 años y, a pesar de que ahora reina la reconciliación, aún hay heridas abiertas.
Todo comenzó un día como hoy pero de 1994 cuando el presidente de ese país, Juvénal Habyarimana, murió al ser derribado por un misil el avión en el que viajaba antes de aterrizar en Kigali. Su muerte desencadenó una ola de violencia atroz.
Ese mismo día, los extremistas hutus acusaron del asesinato al rebelde y tutsi Frente Patriótico Ruandés (RPF), con el que el Gobierno había negociado los Acuerdos de Arusha para acabar con la guerra civil.
El RPF, a su vez, acusó a esos radicales del ataque al asegurar que buscaban una excusa para iniciar la matanza. Inmediatamente surgieron los primeros brotes de violencia en Kigali.
"Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé", decía un mensaje transmitido en abril de 1994 por la Radio Televisión Libre. Lo que vino después fue la barbarie.
Condenas
El horror vivido en Ruanda en esos tres meses de 1994 dio lugar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creara el 8 de noviembre de ese mismo año el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Tpir) con el mandato de "procesar a las personas responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario" cometidas en la nación africana.
Era la segunda vez que el Consejo de Seguridad hacía uso de los amplios poderes que le otorga la Carta de la ONU para crear cortes 'ad hoc' de alcance internacional. Ya lo había hecho el 25 de mayo de 1993 para no dejar impunes los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, los peores vividos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
En sus 20 años de historia (1995-2015), el Tpir imputó a 93 personas, de las cuales 62 fueron condenadas -incluidos el primer ministro interino de Ruanda en esa época, Jean Kambanda; el ministro de Defensa, Théoneste Bagosora; y el jefe de las Fuerzas Armadas, Augustin Bizimungu-, 14 fueron absueltas, diez fueron remitidas a tribunales nacionales, dos murieron antes de ser juzgadas, dos fueron desimputadas y tres permanecen prófugas.
El Tpir se enfrentó al enorme reto de ser el primer tribunal en interpretar el crimen de genocidio definido en la Convención de 1948, siendo uno de los más difíciles de juzgar porque no basta con acreditar la masacre sino que es necesario probar "la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso". A pesar de la complejidad jurídica, se adentró de lleno y alumbró algunos hitos judiciales.