A través del Decreto 132/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo justificó la decisión en el marco de “la necesidad de utilizar estratégicamente los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión, así como para conformar adecuadamente las plantes de personal". En ese sentido se llamó a “priorizar” la prestación de los servicios a cargo del Estado Nacional, "en especial, de los necesarios para la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país”.

El texto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía Martín Guzmán, decreta que “las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, con excepción de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias por un plazo de 180 días”.

Dicha restricción incluye a las designaciones a término en las Plantas Transitorias; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial, y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; las designaciones transitorias en cargos simples de planta, y las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales.

Por otra parte, se aclaró en el artículo dos del decreto que quedan exceptuadas: las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social como resultado de procesos de selección ya iniciados o que se inicien en el futuro; las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, siempre que esas modificaciones no afecten el monto de presupuesto destinado a tales fines; la cobertura de unidades organizativas incorporadas al Nomenclador de Funciones Ejecutivas y titulares de unidades de departamento y división, y cargos equivalentes en las estructuras orgánico funcionales vigentes, cualquiera fuera el régimen laboral y convencional aplicable al personal; las designaciones de personal de Gabinete; las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecido por la Ley N° 25.467, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del ministerio de Salud; además la cobertura de cargos que no pueden postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo, deberá expedirse en forma previa a la secretaría de Gestión y Empleo Público, de la Jefatura de Gabinete.

En tanto, el decreto publicado este martes anuncia que durante 180 días la Secretaría de Gestión y Empleo Público deberá realizar un informe en el que consten las dotaciones de personal que conforman la planta permanente y transitoria, como así también del personal contratado en sus diversas modalidades de los organismos del Sector Público Nacional a los fines de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno.

Pese a que asumió hace dos meses, al Gobieno aún le quedan unos 300 funcionarios sin designar en distintas áreas del Estado. En muchos casos, cuando se trata de responsabilidades que tienen que desarrollar en el interior, estos cargos son negociados con los gobernadores o referentes políticos locales, lo que explica la demora. Antes, el Gobierno tuvo que tomar la decisión política de dar marcha atrás a nombramientos que la gestión de Mauricio Macri formalizó como planta permanente y que esta administración consideró que eran cargos políticos y, por tanto, no sólo podían ser removidos, sino que tampoco debían cobrar la doble indemnización que se decretó para evitar la ola de despidos en el mundo privado.