Debido a una denuncia del Frente para la Victoria, la Justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, que fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1 de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.
La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, quienes además están investigando al presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
Asimismo, este lunes se conoció que las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto, fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López; mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.
La central Barragán fue tasada por el Estado en más de 305 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares; mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
Cabe destacar que la denuncia fue presentada el año pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, quienes se preguntaron en aquella oportunidad “¿cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.
Por otra parte, los denunciantes advirtieron que “en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri”.