La Justicia determinó que la caza no estaría permitida en la provincia ya que la Dirección de Recursos Naturales no publicó en el Boletín Oficial la medida que la autorizaba, informaron a AIM desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas). “Los permisos de caza otorgados hasta ahora por el gobierno serían ilegales”, aseguraron desde la Organización No gubernamental (ONG).

A la ola de críticas que viene recibiendo el gobierno provincial debido a su polémica decisión de permitir la caza de animales autóctonos en cotos, se le suma otro revés. El pasado 16, el juez Marcelo Baridón –vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná- rechazó la cautelar solicitada por varias ONG para que se anule la Resolución Nº 0888 de la Dirección de Recursos Naturales que habilitaba la caza de cinco especies de aves autóctonas en cotos a partir del pasado 19 de mayo.

El sorprendente motivo del rechazo esgrimido por el magistrado fue que la medida en cuestión no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo cual carece de toda vigencia y la caza sigue estando prohibida.

Lo grave de esta omisión administrativa por parte de la Dirección de Recursos Naturales es que el propio gobierno –a través de la Dirección de Fiscalización- está vendiendo permisos de caza desde hace tres semanas para que cazadores de distintas partes del mundo lleven a cabo una actividad que está prohibida. Cabe indicar que tanto la Dirección de Recursos Naturales como la de Fiscalización –ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería- serían las responsables de estas desprolijidades.

El coordinador del Equipo de Conservación de la Ceydas, Gabriel Bonomi, indicó que “este papelón demuestra la incapacidad ya no solo técnica sino además administrativa de los funcionarios del gobierno para manejar una actividad que desde el vamos provoca el contundente rechazo de la sociedad”.

“A este grosero error administrativo se le suma la venta ilegal de permisos de caza por parte del propio gobierno, hechos ambos que –además de un sumario interno- podrían implicar incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregó el ambientalista.