La declaración de emergencia que pide el Poder Ejecutivo “es tan solo reconocer la realidad que nos toca vivir desde hace meses: nadie en su sano juicio puede dudar que estamos en emergencia”, sentenció el diputado Néstor Loggio (Frente Creer). Asimismo, destacó que los recursos obtenidos serán coparticipados a los municipios para atender situaciones locales.

“Esto que pasa no es privativo de Entre Ríos. Según el Banco Mundial, vivimos la peor crisis económica del mundo desde 1870: más tremenda que el crack de 1929; peor que los efectos de las dos guerras mundiales e infinitamente más nociva que crisis del 2001 que marcó a esta generación en la Argentina”, agregó el diputado de Concordia.
En ese marco, Loggio explicó que “Bordet no pide que se declare la emergencia. Lo que solicita es que, a través de la Legislatura, entrerrianos y entrerrianas pongamos las cosas blanco sobre negro y afrontemos con madurez lo que viene”.
El legislador puntualizó que la emergencia “es producto de la pandemia de un virus para el cual no hay vacuna ni tratamiento garantizado de atención. Para hacerle frente, hubo que apelar a la única salida posible: un aislamiento social que frenara su circulación. Esta decisión trajo consecuencias severas en todos los ámbitos, principalmente el económico”.
“Para funcionar, el Estado provincial y los municipios requieren recursos. Esos recursos provienen de los impuestos. Luego de la caída de la recaudación propia y de los fondos de coparticipación federal, se llegó a este punto”, consignó. “Se estiraron las posibilidades financieras y económicas de la Provincia hasta donde más se pudo. Alcanzamos un límite y ahora el Gobierno debe apelar a estas medidas”, agregó.
En la emergencia “el compromiso será de todos, pero el esfuerzo lo harán quienes más tienen. Sólo se pedirá a uno de cada 10 agentes de la administración pública, aquellos que cuentan con los ingresos más altos y que duplican el valor de una canasta básica alimentaria, que acompañen por un año”, subrayó.
Al respecto, citó que de los casi 92 mil trabajadores y trabajadoras del Estado, incluyendo el sector docente, sólo tendrán que hacer el aporte voluntario unos 13 mil agentes y más de 78 mil “no serán afectados por la emergencia”.
“Mientras, se mantendrá el nivel de ingreso del grueso de trabajadoras y trabajadores. El pago del aguinaldo está garantizado y los recursos que se obtendrán de los sectores más beneficiados permitirán sostener el funcionamiento del sistema de salud, que nos cuida a todos sin pedirle un peso a nadie; de los comedores escolares y de los programas sociales que contienen dentro de la sociedad a sectores populares”, destacó.
“Las entidades financieras, las mayoristas de medicamentos y los propietarios de más de mil hectáreas de campo, serán los sectores que tendrán que hacer un esfuerzo adicional para contribuir a que el Estado provincial y los municipios puedan atender esta situación excepcional”, remarcó.
“A ningún gobernante le gusta aumentar impuestos. Pero quienes gobiernan deben tomar todas las medidas que el tiempo y las circunstancias les exigen para proteger a los más desamparados”, concluyó Loggio.