Vecinos, vecinas y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizarán el domingo 30 de abril una nueva movilización al puente internacional General San Martín, que separa a esa ciudad entrerriana de la localidad uruguaya de Fray Bentos, para exigir el traslado de la pastera UPM-Botnia y rechazar la instalación de una nueva industria de este tipo sobre la vera del río Uruguay.

La marcha número 19 contra la pastera radicada cerca de la ciudad uruguaya Fray Bentos y de la argentina Gualeguaychú será apoyada por la comuna de esa ciudad entrerriana.

"El tiempo pasa y la ex Botnia-UPM sigue funcionando y contaminando, pero esa no es razón suficiente para abandonar el reclamo por la vida y la salud de todos y todas y, sobre todo, de las generaciones futuras", dijo este martes el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.

Luego de reunirse con Martín Alazard y Juan Veronesi, integrantes de la Asamblea, explicó que el municipio trabajará un conjunto de piezas de comunicación "para seguir diciendo 'no a las papeleras contaminantes', que no no hacen más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos".

El jefe comunal sostuvo que "es necesario no bajar los brazos y mantener bien alto el rechazo a las pasteras" y aseveró que "el cuidado del agua, del aire y de nuestros suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales provocados durante décadas y décadas".

También mencionó que "el pueblo" tiene el "derecho y deber de cuidar los recursos" y de expresarse "a favor de otra forma de vivir, menos dañina, menos contaminante y más amigable con el ambiente" y convocó a trabajar para que Gualeguaychú "siga siendo un faro mundial del cuidado del ambiente y la salud".

La primera movilización masiva se realizó en abril de 2005 y en noviembre de 2006 se inició un corte de ruta que se prolongó hasta junio de 2010.

En 2006 la Argentina se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación por parte del Gobierno uruguayo de la fábrica de celulosa europea sobre el río compartido con Argentina.

En 2010 la Corte de La Haya, que intervino en el conflicto, advirtió un aumento de la contaminación en el curso de agua, pero aclaró que no se pudo determinar su origen, y ordenó que se realicen monitoreos constantes en la zona.