Más de 30 organizaciones ambientales manifestaron a AIM “el más profundo repudio a la irresponsable e infundada decisión de la Dirección de Recursos Naturales del gobierno de la Provincia de Entre Ríos a cargo de Mariano Farall -a través de la Resolución Nº 0888- de habilitar la temporada de caza de cinco especies de aves autóctonas, cuatro de ellas migratorias”.
La polémica medida ve la luz en medio de duros reclamos y cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad al gobierno provincial -a quien se le viene exigiendo la suspensión de la cacería de especies autóctonas- y luego de un 2022 en la que una resolución similar -que habilitaba también la matanza de autóctonas- fue no solo anulada por la justicia provincial sino además declarada inconstitucional.
La flamante medida -además de contener varias inconsistencias técnicas- permite la caza solo en establecimientos de turismo cinegético (cotos de caza) confiriéndoles a estos un enorme beneficio. Por otra parte, la misma está basada en estudios solicitados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), la principal impulsora de la caza en el país, lo que implica al menos un sesgo en el origen de la información en que se apoya la medida. Tales estudios, si bien muestran estimaciones de abundancia, no determinan expresamente cuáles son las especies susceptibles de ser cazadas ni la cantidad de aves que se pueden abatir. Además, en los mismos se advierte que es recomendable tener por lo menos cinco años de monitoreos para contar con datos más precisos.
“Entendemos que el Gobierno de Entre Ríos desconoce deliberadamente el reclamo de la gran mayoría de la sociedad que pide a gritos se termine con esta práctica cruel y violenta que atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos”, dijeron desde las organizaciones. En ese marco, advirtieron que el gobierno “prioriza los intereses económicos de unos pocos –las empresas de turismo cinegético- por encima de los intereses colectivos de la sociedad y la preservación de la fauna silvestre”.
En ese marco, denunciaron que las empresas cinegéticas “son las grandes favorecidas por esta resolución y se enriquecen a costa de destruir nuestra biodiversidad y de contaminar con el plomo de las municiones (material altamente tóxico y cancerígeno) nuestros humedales y demás ambientes naturales”.
“Debemos cambiar nuestro vínculo con la naturaleza y esta política gubernamental de producir a expensas del deterioro ambiental que pone en jaque a la biodiversidad y al ecosistema en general”, subrayaron en el comunicado y agregaron que “hoy se imponen otros caminos más amigables con el entorno, más sustentables. El turismo de naturaleza, que propone la apreciación y el respeto por el entorno y a su vez resulta una actividad rentable, es una de las opciones. La caza no es deporte, no es turismo y nos rehusamos a que sea lo que Entre Ríos ofrezca al mundo como producto turístico”.
¿Qué organizaciones adhirieron a la carta abierta?
Las entidades que firmaron el documento son: Fundación Félix de Azara - Fundación Cullunche - Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres (Ractes); Red Nacional de Acción Ecologista (Renace); Asociación de Guardafaunas de Santa Fe ; Naturalistas en Acción; Conservación de Especies Nativas de Uruguay (Coendú); El Parque no se Vende Asociación Civil; Che Galgo; Bios; Argentina; Piuke, Organización Ecologista; Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas); Foro Ecologista de Paraná; Conciencia Animal; Asociación Civil Ayuda Animal Concepción del Uruguay - Ecoguay - Asociación por la Justicia Ambiental (Ajam); Luz del Ibirá; Justicia Animal Antiespecista; Aves Gualeguaychú; Solidaridad, Educación y Ambiente (SEA); Área Natural Protegida Santa Adelina; Asociación Protectora de Animales (APA) de Chajarí; Club de Observadores de Aves Güirá Pirá; Arroyo Perucho Salvaje ONG; Gualeguay Te Quiero Verde; Foro Ambiental de Gualeguay; Somos Humedal; Aves Ibicuy; Soy Río; y Reserva Natural El Ceibo.