El actual ministro de Defensa y ex titular de Comunicaciones, Oscar Aguad, será indagado este jueves por el juez federal Ariel Lijo y por el fiscal Gerardo Pollicita por su supuesta participación en las negociaciones que generaron el acuerdo, finalmente caído, entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. que implicaba, según la denuncia, un perjuicio a las arcas públicas.

La tanda de indagatorias ya incluyó con anterioridad las declaraciones del ex director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, del presidente del directorio del Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa y del abogado Jaime Kleidermacher.

Pollicita había dictaminado que los imputados son responsables de una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la administración pública.

Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A. y aceptada inicialmente por el Estado nacional había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.

Sostuvo además que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa", que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A".

El acuerdo de pago en cuestión consta en el expediente 94.360/01, Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial 6 de Buenos Aires, según el dictamen.

Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad "el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado nacional verificó" (en el expediente 94.360/01) "contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios".

En este sentido, consideró que esa conducta "exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa".

Además, sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional "resignaba una porción inadmisible de la suma de 296.205.376 pesos adeudada por Correo Argentino S.A., lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada".

A partir del acuerdo cuestionado "el Estado aceptaba sufrir una quita que ascendía al 98,87 por ciento del valor real del crédito verificado, esto significa que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de 4.656.446.266,20 pesos; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 –cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de 70.163.910.895,30 pesos″, remarcó.