El senador representante de Colón, uno de los departamentos entrerrianos por donde pasa la ruta nacional 14, Pablo Canali, dijo a AIM que preocupa el mantenimiento y conservación de la trama vial y advirtió: “Existe una deficiente respuesta de la empresa concesionaria ante accidentes de tránsito que suceden en el trayecto entrerriano”. 

“Queremos que el Gobierno nacional nos informe sobre la situación en la que se encuentra la concesión de esta autovía, ya que se trata de uno de los corredores turísticos más importantes de nuestro país”, sostuvo el legislador.

Canali además puso de manifiesto que “existe una deficiente respuesta de la empresa concesionaria ante accidentes de tránsito que suceden en el trayecto entrerriano”.

“No olvidemos –sostuvo el senador- que esta ruta nacional, denominada  José Gervasio Artigas, es la ruta del Mercosur y pasa por seis departamentos de nuestra provincia; por Corrientes y Misiones, y lleva a varios pasos fronterizos con Brasil y Uruguay. Para los colonenses, como para gran parte de la costa este entrerriana, es la ruta que nos brinda la mayor afluencia turística”, enfatizó.

Fundamentos

El senador vecinalista en su proyecto original fundamentó su inquietud recordando que “mediante Decreto nº 2039 de fecha 26 de septiembre de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional otorgó a la Empresa Caminos del Río Uruguay S.A., la concesión de obra pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor Vial Nacional Nº 18, perteneciente al Grupo V de la Red Vial Nacional, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2023”.

Dijo además que “la concesión otorgada incluye la Autovía José Gervasio Artigas (ex Ruta Nacional 14) en toda su extensión que va desde Ceibas (kilómetro 0,00) hasta Paso de los Libres, por una longitud total del tramo vial de 496,35 kilómetros, sobre la que circulan más de 50.000 autos diarios promedio con un total de 6.738.240 vehículos de enero a abril de 2018 (inclusive - Información suministrada por OCCOVI)”.

Además “con posterioridad se suscribieron sendas cartas de acuerdo de reformulación y renegociación del contrato inicial, que en términos de obligaciones principales previeron la ampliación de la vigencia del contrato y la afectación parcial de tarifa para planes de obras mejoradoras en la traza vial, a cargo por el concesionario vial y cuyo control de ejecución corresponde al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) conjuntamente con los planes de inversión definidos en dichas normativas”.

Según Canali “de conformidad al Contrato de Concesión y acuerdos complementarios, la concesionaria vial asume todas las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos en el mismo, así como la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el oferente seleccionado para el cumplimiento del contrato”.

Y asegura que “como parte de dichas obligaciones la concesionaria tiene a su cargo la administración de un total de 496,35 km. de autovía que transita por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, siendo responsable de la operación y mantenimiento de la misma además de las obras de mejoramiento y ampliaciones acordadas”.

Recuerda también que, “en virtud de las obligaciones asumidas la prestadora debe ofrecer al usuario servicios esenciales de carácter gratuito tales como los servicios de emergencia, primeros auxilios y sanitarios, vehículos de remolque o grúas para el despeje de calzadas, sistema de telefonía, monitoreo de tráfico y detección de accidentes; entre los más habituales”.

Porque “en cuanto a la jurisdicción, la Autovía José Gervasio Artigas se encuentra fuera del ámbito de actuación de los municipios y de las provincias que afecta, siendo competencia del Estado Nacional el otorgamiento de las concesiones y el contralor de la administración, operatividad y mantenimiento de la vía”.

“De este modo –continúan los fundamentos- el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es quien ejerce la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesiones viales en donde el Estado Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios”.

En tanto, “en lo particular, el concesionario se encuentra obligado a realizar todo lo pertinente para responder permanentemente a las necesidades y contingencias que garanticen la seguridad vial de los usuarios, minimizando la peligrosidad propia de la prestación del servicio. Las responsabilidades que le incumben exigen una gestión integral del riesgo y un adecuado nivel de inversión”.

Finalmente sostiene que “es imperioso que el órgano de control ejerza regularmente una eficiente supervisión del cumplimiento de las más altas obligaciones del concesionario y calidad del servicio, por cuanto el Estado es responsable y garante último de la prestación de un servicio seguro”.