El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer un informe donde computó 137 casos en lo que va del el año. En el 56 por ciento de los casos, el autor del crimen fue la pareja o la expareja de la víctima. En Entre Ríos, desde 2016 la Oficina de Violencia de Género del STJ lleva estadísticas de los casos judicializados en la provincia que arroja que en lo que va de 2021 hasta junio pasado se han “dado trámite a 6.321 denuncias de violencia familiar contra la mujer en los organismos del Poder Judicial en Entre Ríos”, se indicó a AIM.

El sondeo llevado adelante por la Defensoría nacional señala que en al menos 137 femicidios fueron cometidos durante el primer semestre de 2021 en el país, lo que arroja un promedio de uno cada 31 horas, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Femicidios del organismo, la Ofdpn. Además reveló que casi el 20 por ciento de las víctimas había denunciado a su agresor por violencia de género. En el caso de Entre Ríos, la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que lleva adelante un relevamiento nacional, al 1 de junio pasado dató que en Entre Ríos se perpetraron tres en lo que va del corriente. Por su parte, desde 2016 oficialmente se toma registros de las denuncias que se han judicializado. “Son todos los procesos tramitados en este marco”, señaló a esta Agencia, titular de la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Poder Judicial. La funcionaria señaló que las estadísticas abordan en detalle el tipo de violencia, los vínculos con las víctimas y el mapa por departamentos.

En este orden, se indicó que lo que va de 2021, hasta el informe del 3 de junio de pasado, se han dado trámite a 6.321 denuncias de violencia familiar contra la mujer en los organismos del Poder Judicial en Entre Ríos. El objetivo es que a través del OVG, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es llevar “a cabo políticas de géneros en coordinación con organismos judiciales y extrajudiciales para garantizar el efectivo acceso a justicia de las personas” en cuanto a “todo un sistema que ha de responder a la efectiva protección de los derechos humanos de las personas en situación de violencia, en particular de las mujeres que son quienes más la padecen”.