Funcionarios y autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo con representantes de instituciones y organizaciones participaron de un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social.

En el marco de la Ley 11.140 de Emergencia Alimentaria que impulsó el gobierno provincial se reunió nuevamente la Mesa de Diálogo Social, donde el secretario de Articulación de Políticas Sociales del ministerio de Desarrollo Humano, Ricardo Vales, explicó los avances que hubo en este último tiempo en cuanto a adquisición y distribución de alimentos en el territorio provincial, además del envío por parte de Nación de módulos alimentarios a la provincia.

Durante el encuentro, Vales puso de relieve el presupuesto disponible y las inversiones que realiza el gobierno provincial en materia alimentaria en forma integral, señaló la relación que existe con los gobiernos locales y con las diferentes organizaciones sociales para la distribución de raciones.


Respecto del encuentro, aseguró que "la reunión fue más que positiva, este espacio tiene como objetivo llevar sugerencias y la forma de implementar lo relacionado con las políticas públicas de seguridad alimentaria y esto es en parte lo que se dialogó aquí".

Además, el secretario de Articulación de Políticas Sociales explicó que "este espacio nació a través de la Ley de Emergencia Alimentaria que fue solicitada por nuestro gobernador Rogelio Frigerio, y aprobada por ambas cámaras, lo cual nos permitió ampliar las partidas para la compra de alimentos y poder efectuar las compras de manera más rápida".


El funcionario precisó que se apunta a un modo de trabajo eficiente y transparente, y señaló se busca asegurar "la distribución equitativa y federal de los alimentos en toda la provincia y hacerla con la mayor regularidad posible". En ese marco, además, se planteó la posibilidad de replicar la instancia a nivel local o de potenciar los espacios existentes que puedan canalizar las demandas en la mesa provincial.

Durante el encuentro se avanzó en la propuesta surgida en la mesa orientada a conformar un Registro de Efectores Sociales destinado a tener un mapeo de las organizaciones sociales que llevan adelante tareas comunitarias en el territorio.