El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes la elevación parcial para que vaya a juicio oral la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, un caso que estalló en agosto pasado y derivó en una lluvia de empresarios y ex funcionarios arrepentidos, y sacudió el mundo político y económico.
En un escrito de 678 páginas –las mismas que requirió el último procesamiento de Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía -a cargo de Stornelli y del fiscal Carlos Rívolo- pidió mandar a juicio por como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente Cristina Kirchner, y como organizadores de esa banda al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernesto Clarens.
A José López, el ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito que se convirtió en arrepentido, la fiscalía lo consideró un miembro más -pese a la que la Cámara Federal lo consideró a la hora de los procesamientos un organizador-.
"López, (los ex funcionarios de Planificación) Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Nelson Lazarte, (el chofer) Centeno, (los empresarios de Electroingeniería) Gerardo Ferreyra, Germán Nivello y (el ex director de Yaciretá) Oscar Thomas resultaron ser miembros porque, a diferencia de otros imputados, cumplían ciertas directivas dependiendo del rubro en el que se encontraban. Sobre todo de los organizadores, quienes al esquematizar parte de la asociación tenían más conocimiento acerca de las demás actividades que se desarrollaban", se afirmó.
El fiscal apuntó por cohecho activo (haber pagado coimas) a los empresarios Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raúl Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y Claudio Glazman.
Por haber recibido dinero (cohecho pasivo) se pidió mandar a juicio al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su asesor Hugo Larraburu; y a los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río.
"En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo", sostuvo el dictamen al que accedió Infobae.
Stornelli dejó afuera de este tramo a los empresarios de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, éste último quien había declarado como arrepentido al momento de ser arrestado-. Según se explicó, el Ministerio Público promovió profundizar qué había sucedido en Venezuela, en sintonía con lo que había dicho la Cámara Federal al desprocesar a Paolo Rocca. De acuerdo a las fuentes judiciales, esas situaciones quedan pendientes para más adelante. Los empresarios de Techint afirmaron que habían pagado coimas "para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del grupo y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de SIDOR por parte del régimen chavista"
Stornelli tampoco pidió elevar a juicio a los empresarios Aldo Padoan y a Manuel Santos Uribelarrea. Y se dejó para considerar más adelante (cuando se revise el tema de la concesionarios viales) la situación de Juan Chediack, quien también habían sido arrepentido en el caso y fue procesado en ese tramo de la investigación.
Por último, se pidió mandar a juicio por encubrimiento a los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez y Daniel Alvarez. Y por tenencia de arma a Fagyas, Otero y Copetti -halladas durante los allanamientos-.
"La asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales", dijo la fiscalía. "Para cumplir con ese objetivo, los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional. Para cumplir con el objetivo se recurrió a la utilización de distintos vehículos oficiales, asignados a dependencias estatales, que eran utilizados en el circuito diagramado para la recolección del dinero facilitado por los privados", afirmó.
A criterio del ministerio Público, "funcionarios públicos que se desempeñaban en el mismo poder, y/o sus secretarios y/o colaboradores, fueron los encargados de efectuar cada uno de los recorridos predeterminados, que tenían como fin dirigirse a las sedes sociales de las compañías y/u otros lugares establecidos, para poder efectivizar cada una de las transacciones". "Todos esos acontecimientos tuvieron su razón de ser en los réditos que los empresarios obtenían a través de las promesas realizadas por los representantes gubernamentales, puesto que tenían capacidad funcional para incidir legalmente en las licitaciones, otorgamientos de obras, subsidios y/o pagos que los empresarios aguardaban". El dictamen afirmó que "en esas líneas escritas por Oscar Centeno surge que hubo una gran cantidad de transacciones entre los empresarios y referentes de los funcionarios públicos que lideraron y organizaron la agrupación" y "en efecto, Daniel Muñoz, en su carácter de secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, aparece en reiteradas ocasiones, a punto de erigirse como un denominador común entre los años 2008 y 2010, recibiendo el dinero obtenido a través de ese mecanismo de recaudación ilegal instaurado desde el Poder Ejecutivo nacional en los domicilios presidenciales de calle Uruguay N° 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencial de Olivos".
La fiscalía aseguró que "los elementos de prueba recolectados han permitido demostrar con la certeza que esta etapa procesal impone que Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, German Ariel Nivello, y Oscar Alfredo Thomas intervinieron en una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015". Y aseguró que "su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo nacional".
Con estas palabras, el fiscalía describe el rol de la ex presidenta. Le adjudicó 40 hechos de coimas. "La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente. La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación". A lo largo del escrito, detalló que se dio por probada la seguidilla de "cohechos pasivos" que se le achacan a la hoy precandidata a la vicepresidenta del "Frente de Todos"
En ese lugar la fiscalía colocó a De Vido y Baratta, tal como era el procesamiento inicial de Bonadio en setiembre pasado, e incluyó a Carlos Guillermo Enrique Wagner, por entonces Presidente de la Cámara de Construcción durante el periodo comprendido entre los años 2004 al 2012, y Presidente del directorio de la firma Esuco S.A., y Ernesto Clarens, financista. Cada uno ellos, desde los cargos que ocupaban, actuaron en su establecimiento y ordenamiento, y se encargaron de que se realizaran los cobros comprometidos.
"En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban", se sostuvo y se añadió "ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios".
"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", señaló. Indicar que Centeno detallo montos y monedas en sus anotaciones y en otros casos fueron los propios arrepentidos los que dieron esos detalles. "Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos", se sostuvo.
Tras la elevación parcial hecha por el fiscal Stornelli se espera ahora que hagan sus presentaciones las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Luego, llegará el turno de que las defensas opinen si la investigación está terminada y qué piden. Será el juez Claudio Bonadio el que formalice el pase del caso a un tribunal oral.
Fuente: Infobae