Por Paola Spatola.-Un evento excepcional necesita una seguridad superlativa. Lo ocurrido ayer en Núñez nos muestra que esta premisa estuvo lejos de plasmarse en realidad. Por donde se lo mire, el operativo de control de la final River-Boca mostró falencias patéticas, poniendo en evidencia que quienes lo organizaron carecieron de la suficiente idoneidad como para enfrentar con éxito la tarea. Ante esta evidencia, la final de hoy debería jugarse sin público.

Analicemos los hechos.

Antes que nada, quien define la seguridad de un partido de futbol en nuestro país tiene que tener en cuenta que su tarea no se reduce a controlar un simple evento deportivo, sino que se trata de intervenir y poner orden en un espacio, un territorio, donde la delincuencia dominada por el narcotráfico ha instalado sus reglas. La forma y los métodos de acción en tales circunstancias tienen que reconocer el desafío que esta tarea presenta y actuar en consecuencia.

No hubo tal reconocimiento, ya que la forma en que se diseñó el traslado del plantel de Boca fue a todas luces equivocada. Primero, porque se lo llevó de una manera ostentosa, donde hasta el más desprevenido de los transeúntes se percataba que en ese ómnibus iban los jugadores, cuando debió utilizarse un "señuelo" para evitar consecuencias no deseadas. Segundo, porque la ruta elegida era la que más flancos débiles presentaba entre todas las alternativas posibles, particularmente en la intersección de la esquina donde se produjo el ataque.

Ligando una con otra, las dos argumentaciones anteriores, cabe preguntarse a modo de hipótesis y como línea de investigación de los sucesos acaecidos, si no estamos frente a una emboscada –o sea, una acción o plan secreto que se prepara en contra de alguien. El hecho de que se desbaratara el accionar delictivo de un grupo de barrabravas poco antes del partido, debería haber puesto en alerta a las autoridades y disparado una profundización de las actividades de inteligencia ligadas al evento.

Quién decidió el recorrido del ómnibus, quienes determinaron su alto grado de exposición pública y quiénes coordinaron el despliegue de las fuerzas de seguridad en el lugar de la agresión deberá dar las explicaciones del caso.

Pero, más allá del hecho desencadenante de la hecatombe, también preocupa –y mucho- que:

-Se hiciera evidente la falta de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo;

-Fueran violentados ostensiblemente los "anillos" de control;

-Se hayan cerrado las puertas del estadio con más de 60.000 personas en su interior durante el largo período de espera de la resolución acerca de la realización del encuentro –cuando por esta misma razón hubo que lamentar víctimas fatales en el pasado;

-Se mantuviera al público sin información ni asistencia ante la demora, se consintiera el abuso de alcohol en la vía pública, permitiendo su venta irrestricta.

Pero no nos equivoquemos, no ha sido la excepcionalidad del evento la razón de los desmanes. Por caso –y para citar solo un ejemplo reciente- un modesto encuentro entre All Boys y Atlanta hace pocos días desencadenó una serie de desmanes superlativos. Lo cierto es que la dirigencia del futbol en nuestro país ha quedado como rehén de las barrabravas regenteadas por el narcotráfico.

Ante esta realidad, una política integral de seguridad deportiva debe proponerse recuperar el espacio de los estadios para la gente desde una perspectiva que la asuma como un capítulo crucial del combate al narcotráfico.

La autora fue diputada nacional. Es experta en seguridad.