La militante social Alejandra Gervasoni denunció que “hay instituciones que conservan prácticas de la dictadura. En una acción que podríamos llamar de asociación ilícita, mi hermano estuvo internado doce años por tratamiento del consumo de alcohol, en una institución privada de salud, con anuencia de su ex mujer, hoy en proceso de divorcio”, aseveró.

Gervasoni cargó contra la “Clínica Sistema de Salud Mental (Sisame), una institución privada que ofrece servicios de psiquiatría”, y señaló que su hermano permaneció en el lugar “doce años internado por tratamiento del consumo de alcohol. Doce años privado de la libertad y de la comunicación, ya que en varias oportunidades podíamos hablar con él, o traerlo a Paraná, bajo amenaza de denuncia policial al Sisame, quien hacía caso omiso a las indicaciones de su ex mujer (en relación a quien podía visitarlo o buscarlo para traerlo a Paraná), medicalizado por la institución, privado de derechos a salir y vincularse con sus hijos, nietos, hermanos. Fueron 14 años de casado y 12 años de internado”.

Gervasoni destacó que, “desde el año pasado, junto con la doctora Gabriela Folla, a quien agradecemos su trabajo, al igual al juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante. Hoy podemos decir que nuestro hermano vive en Paraná, festejó el día del padre con sus hijos y prepara su cumpleaños”.

La militante social explicó que “Beto estuvo preso en la época de la dictadura y se enfrentó al tiempo a esta nueva vulneración de sus derechos. Malos recuerdos de la dictadura que aparecen expresados en prácticas institucionales. Demás está decir que la ley de Salud Mental en esta institución no existe, que los Derechos Humanos aquí no existieron”.

Y aclaró: “Decía asociación ilícita porque en el caso del Sisame, cobraba su internación vía obra social y mientras su ex esposa se apropiaba del salario de nuestro hermano. Hoy, con la ayuda de los profesionales que lo atienden, más el cariño y el apoyo de la familia, que acompaña y contiene, comenzó a vivir otra historia”.