El 87 por ciento de la pérdida corresponde a la región del parque chaqueño. El área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró un informe en el que analiza, por primera vez, la situación de los bosques nativos en Argentina a lo largo de 20 años (1998-2018) y el impacto de la implementación de la Ley 26331, conocida como ley de bosques y sancionada en 2007.
Los datos del estudio “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas” sugieren que, hasta 2015, los instrumentos de gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la tasa de deforestación, pero luego la misma volvió a crecer, por lo que es necesaria una reformulación de dichos instrumentos que fortalezca la protección de estos ecosistemas.
Se estima que entre 1998 y 2018 se perdieron en total 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales, 2,8 millones ocurrieron entre 2008 y 2018. Para ilustrar el desarrollo de la deforestación, valen otros datos: el porcentaje anual de pérdida respecto del total remanente (tasa) en el país disminuyó desde 0,94 por ciento en 2007 a 0,34 por ciento en 2015. Sin embargo, desde 2016 se incrementó hasta 0,42 en 2018 (unas 180 mil hectáreas).
El 87 por ciento de la pérdida de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28 por ciento), Salta (21 por ciento), Chaco (14 por ciento) y Formosa (13 por ciento). El área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Entre 2008 y 2018, 47,2 por ciento de la deforestación (845.832 ha) correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría III (verde). El 52,8 por ciento (946.769 ha) se produjo en las categorías I (rojo) y II (amarillo), es decir en áreas que la ley prohíbe. Además, se perdieron 983.467 ha en bosques no incorporados en los ordenamientos provinciales.
La cartera nacional de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, afirmó que el monitoreo, la prevención, el freno a los procesos de desmontes ilegales y el manejo de los bosques nativos son acciones prioritarias, como así también la revisión de las políticas existentes para ser más efectivos en el cumplimiento de estas tareas. En este sentido, destacó el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) durante 2020, con mejoras en la precisión y periodicidad de la información generada. También los acuerdos con las provincias para aplicar fondos retenidos de años anteriores por 660 millones de pesos, los que se suman a los $ 570 millones dispuestos para este año.
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural. La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Fuente: Ámbito.-