El cantar del Mío Cid, compuesto hace más de ocho siglos, narra la entrada de Rodrigo Díaz de Vivar en la ciudad de Burgos con "sesenta pendones" detrás de él: los habitantes se asomaban a verlo a las ventanas, "burgeses y burgesas por las finiestras son".
El texto desdobla según el género el gentilicio de Burgos, lo que no era necesario pero servía como recurso para marcar la admiración unánime que suscitaba Rodrigo.
Alrededor de trescientos años después, la reina Isabel la Católica decía "juglaras y juglares" antes de que existiera la Academia Española, con el femenino adelante, y ella no era feminista.
Al margen: En un documento da órdenes, manda esto y aquello para cumplimiento inmediato; pero en el artículo final ruega, no manda. ¿Por qué? Porque se trata de algo por hacer cuando ella estuviera muerta, cuando ya no sería una persona.
Los ejemplos de burgaleses y burgalesas y de "juglaras y juglares" muestran la antigüedad de las "novedades" que suelen esgrimirse en la lucha moderna. Cambian las intenciones; el desdoblamiento, no.
Algunas de las normas de uso del lenguaje inclusivo que se recomiendan, y en algunos casos se imponen, por ejemplo en la redacción de documentos oficiales, no son invención moderna ni las rechaza el idioma, que sabe servirse de ellas cuando la ocasión se presta.
Sin embargo, desde que la burocracia estatal está en todos los intersticios de la vida cotidiana de la gente, ahora sin límite con los medios electrónicos y la inteligencia artificial, se ha metido también con lo que sale de la boca, que según el evangelio de Mateo es lo que contamina al hombre.
El gobierno argentino actual acaba de prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública, además de "todo lo referente a la perspectiva de género", según una de las tantas promesas preelectorales de Javier Milei, que sus adherentes se jactan de que cumple.
En adelante, no se podrá usar, por orden oficial, la letra “e" como supuesto género neutro ni se admitirá la duplicación que implica desconocer el masculino genérico propio del castellano, lo que implica ir más allá de lo que el idioma admite.
La explicación del gobierno es que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política. Justamente la política, a través del Partido Obrero, de tendencia trotskista, rechazó la decisión: "Dejen que la gente hable como quiera. Que el Estado prohíba el uso del lenguaje inclusivo es de fachos”.
Andrea D’Atri, docente y legisladora de la ciudad de Buenos Aires, expuso un argumento que señala la futilidad de estas medidas, tanto de la que prohíbe como la que recomienda o impone: “Con esto, se acaban los pobrEs” con una E resaltada con la mayúscula para hacer notar irónicamente la inadecuación de la decisión oficial.
Ante la insistencia por incluir el lenguaje inclusivo en los diccionarios y gramáticas de la Academia española, ésta acabó por contestar lacónicamente: "Si se aplicaran estrictamente las directrices propuestas en las guías de lenguaje no sexista, no se podría hablar"
El contragolpe del gobierno "libertario" de Milei no se limita a prohibir el uso de la E ni al masculino "marcado", sino que en órdenes a los empleados del Inta, dadas a conocer por la organización sindical que los agrupa, se prohíbe usar ciertas palabras. El lenguaje, como siempre, es teatro de luchas políticas e ideológicas.
El sindicato de trabajadores del Inta denunció que términos como cambio climático, biodiversidad y otros, están bajo censura.
La censura "libertaria" llegó al Inta, como en etapas anteriores lo que llegaba eran amenazas de "cancelación", otra forma de censura que implica una especie de linchamiento moderno.
Las palabras prohibidas en el Inta responden, según la denuncia sindical, a que el gobierno actual niega problemas como el cambio climático y la contaminación derivada del uso de fertilizantes en la agricultura.
Algunas palabras prohibidas, muy significativas en este contexto, útiles para marcar el problema, son "cambio climático", "sustentabilidad", "agroecología", "género", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta".
Según el sindicato, esta censura socava la capacidad del Inta para cumplir su misión de promover el desarrollo tecnológico y mejorar la vida rural en el país.
Un punto fundamental es que una censura de esta índole afecta la libertad científica de modo de impedir a largo plazo abordar los problemas ambientales que se avecinan.
Por este camino, lo más posible es llevar a políticas ambientales ineficaces que aumenten los problemas de las comunidades rurales y contribuyan a la degradación del ambiente.
El presidente actual, cuando aún estaba de campaña preelectoral, solía repetir la definición de Alberto Benegas Lynch: “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro”. En las prohibiciones impuestas al Inta en el lenguaje que debe usar el respeto empieza a mostrar grietas significativas.
Más bien lo que se advierte es lo que la lingüística llama “glotofagia” que es la imposición del lenguaje del opresor a una población oprimida, la transferencia de una lengua dominante que se considera símbolo de poder.
En otros tiempos, como en la colonización de Abya Yala desde 1492, esto se lograba con el poder militar; luego se usó el poder económico, y ahora, junto con ambos, la capacidad de manipular a los dominados sin que siquiera lo adviertan.
Por ahora, el proyecto del otro más que respetado es denostado y objeto de ira y burlas del poder político. El presidente no se priva de insultar a gusto a todos los que disienten con sus puntos de vista, los llama coimeros, mentirosos seriales, imbéciles, extorsionadores, etc. Es el trato que merece por ahora el proyecto del otro.
El lenguaje es un instrumento valiosísimo de comunicación y entendimiento; es un camino a la verdad y también es un medio de formatear consciencias, de inducir conductas, de amenazar, prohibir, disimular y mentir.
De la Redacción de AIM.
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