El Gobierno dio un primer paso formal de cara a renegociar los contratos de abastecimiento de gas entre petroleras y distribuidoras tras la brusca devaluación del peso registrada desde mediados de abril.

El ente regulador (Enargas) envío ayer una nota a las concesionarias gasíferas a la que accedió EconoJournal en las que las exhorta a readecuar los contratos vigentes o directamente suscribir nuevos en función de los cambios en las condiciones macroeconómicas. “Se solicita que, en caso de que los contratos vigentes no tengan en cuenta las nuevas condiciones macroeconómicas y/o de mercado, remita la totalidad de los contratos celebrados y/o nuevos contratos para la compra de gas, así como sus eventuales modificaciones”, concluye la notificación suscripta por Mauricio Roitman, presidente del organismo. La carta fue cursada a Metrogas, Gas BAN, Camuzzi, EcoGas y el resto de las nueve distribuidoras gasíferas.

En concreto, el Directorio del ente regulador y la nueva conducción del Ministerio de Energía, a cargo de Javier Iguacel, coinciden en la necesidad de dejar sin efecto el acuerdo entre productores y distribuidoras de gas rubricado el 30 de noviembre del año pasado.

Ese documento -denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural”- fijó los precios de venta del gas y los volúmenes entregados por cada petrolera para 2018 y 2019. Fue una iniciativa impulsada por el ex ministro Juan José Aranguren que, de alguna manera, significó la continuidad de la intervención del Estado en el mercado gasífero.

Los valores del gas incluidos en el Acuerdo seguían el sendero de precios crecientes definido por el ex titular de Shell. Según ese esquema, el precio del gas en boca de pozo debía saltar a US$ 5,19 por millón de BTU en octubre próximo y trepar hasta los seis dólares en el mismo mes de 2019.

Viabilidad política

Iguacel y el Directorio del Enargas consideran que no existe viabilidad política ni justificación técnica que avalen esos precios. Por eso pretenden que el acuerdo firmado a fines de 2017 quede sin efecto y que, a partir de ahora, cada distribuidora negocie su propio contrato de abastecimiento de gas con las petroleras sin la intermediación del Estado. El Enargas se reservará para sí la potestad de habilitar los nuevos contratos si cumplen con la prerrogativa de “garantizar el mejor precio posible para el usuario”.

La apuesta del Gobierno es que, como consecuencia del incremento de la oferta de gas (aún exiguo, dado que creció un cuatro por ciento en mayo con relación al mismo mes del año anterior), el precio del gas en boca de pozo se negocie a la baja.

La sobreoferta de gas en verano, interpretan en despachos oficiales, traccionará hacia un menor precio de venta de gas durante los meses de calor que terminará redundando en un descenso del precio promedio de venta del gas durante todo el año. Según ese razonamiento, ya no será necesario llegar a un valor de US$ 5,19 como el que había trazado Aranguren para octubre de este año. La meta es que el precio del gas para el segmento de distribución se mantenga en torno a los 4,50 dólares.

En esa dirección, fuentes gubernamentales y del sector privado consultadas por este medio indicaron que lo aconsejable sería firmar nuevos contratos de venta de gas. “También es factible readecuar los que están vigentes, pero hay que modificar la referencia de precios, porque los contratos actuales siguen el sendero de precios en alza fijado por Aranguren. Eso ya no es viable”, admitió una fuente cercana al Ministerio de Energía.

El gobierno quiere que los nuevos contratos se negocien en agosto para presentarlos en las audiencias públicas que se realizarán durante la primera quincena de septiembre.