El buen resultado del viernes ratificó a Economía lo acertado de su decisión de enviar al Congreso un proyecto que prevé un universo de bonos en dólares ley local que buscaría canje por títulos en pesos.

El ministerio de Economía cerró la semana pasada con un objetivo cumplido: de los 6.910 millones de títulos en dólares bajo ley local que buscaba canjear por nuevos instrumentos en pesos, logró convertir 4.109 millones por bonos en dólares ajustados por CER con vencimiento en 2023 y 2024, una colocación que ascendió a 268.937 millones de pesos.

La prolija y eficiente arquitectura diseñada por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, parece haber dado de lleno con las necesidades de un mercado en desarrollo, pero ávido aún por incorporar títulos en moneda local. En rigor, el universo que Economía mantiene en el radar de deuda en dólares bajo legislación local que podría ser pesificable ronda los 20.000 millones de dólares. Eso sí: se descuenta que habrá inversores institucionales que buscarán algún tipo de variante en moneda dura, por lo que las estimaciones que hace el mercado hoy rondan los siete millones de dólares de deuda que podría ser efectivamente canjeada por emisiones en pesos.

La reconversión de los títulos en moneda extranjera por deuda en pesos es una de las estrategias financieras que desplegó la Secretaría de Finanzas, una lógica que buscó replicar también en la Ley de Restructuración que el jueves a última hora el Ejecutivo envió al Senado. Aquellos inversores que no ingresen al canje impulsado por la ley verán el pago de sus vencimientos postergado para después del 31 de diciembre de 2021.

El proyecto elaborado por Finanzas establece cuatro grupos de títulos elegibles por un total de 45.818 millones entre Letes, Lelink, Bonar, Par y Discount. El ofrecimiento del ministro Martín Guzmán es canjearlo por cuatro nuevos bonos en dólares o dos opciones en pesos. El incentivo a la pesificación de la deuda en moneda extranjera va en dos sentidos: el adelantamiento del pago a través de títulos más cortos y ningún tipo de quita de capital si eligen recibir los títulos en pesos, como había anticipado Ámbito la semana pasada.

La nueva ley reconoce los intereses corridos a quienes adhieran, aunque el texto aclara que “solo se reconocerán los intereses devengados hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto 346/20”, es decir, el 6 de abril de 2020. Por esos intereses corridos se les entregará a los inversores un nuevo título con vencimiento el 4 de septiembre de 2030, con un cupón semestral, una tasa del uno por ciento y la amortización en ocho pagos.

Entre las bases del proyecto que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso, el Gobierno explicó en el mensaje a los legisladores que quieren que la “capacidad de repago” esté “relacionada con el crecimiento a largo plazo”. También señala que el objetivo de la “consolidación fiscal” debe ser “económica y socialmente soportable”, porque el Estado tiene la “necesidad de atender requerimientos sociales urgentes producto tanto de la emergencia económica como de los gastos extraordinarios en el brote de covid-19”.