En la Argentina neocolonial que se comenzó a gestar desde la última dictadura, las estrategias y el rumbo del país no los deciden los argentinos. Los deciden en realidad las grandes corporaciones y el capital usurero internacional, que han impuesto un nuevo modelo socioeconómico y han puesto al Estado a su servicio, analizó para AIM el impulsor de la cátedra abierta por un Mundo Nuevo, Luis Lafferriere.

Los sectores privilegiados y más ‘competitivos’ (megaminería, fracking, monoproducción de transgénico con uso masivo de agrotóxicos, etc) son los que más ganan, pero destruyen y contaminan el ambiente. Además, están en manos de grandes ET (empresas transnacionales) que saquean recursos y ganancias, que controlan los mercados y los principales sectores de la economía, y están apoyados en políticas públicas que los benefician.

Además, desde hace casi medio siglo se mantienen los privilegios de la especulación financiera y parasitaria, que con la colaboración del Estado capta recursos gigantescos a costa de la miseria de la gran mayoría de los argentinos.

¿Cómo funciona el modelo?
Los sectores extractivistas, las grandes corporaciones y los capitales especulativos concentran los mercados, generan poco empleo genuino, pagan pocos impuestos y se llevan sus ganancias al exterior.

Si bien los saqueadores son mayoritariamente extranjeros, también operan con prácticas similares grandes capitales locales, que han fugado divisas al exterior, y hoy se estima que poseen riquezas similares a la totalidad de la deuda externa.

Esa dinámica produce dos graves consecuencias:

Por un lado, el Estado ha venido cubriendo la masa de desempleo con gran cantidad de empleo público mal remunerado, y con subsidios masivos a desocupados, para evitar que el desempleo abierto y la miseria provoquen las explosiones sociales que hagan insostenible el mismo modelo neocolonial.

Pero además, sigue transfiriendo enormes recursos a las grandes empresas (con subsidios multimillonarios), a los especuladores y a los acreedores fraudulentos (bancos, petroleras, mineras, etc). Eso implica crecientes gastos que alcanzan niveles elevados.

Para eso debe cobrar impuestos. Pero resulta que los que más ganan, pagan poco y nada (sea por exención, elusión y evasión). Por lo tanto, para compensar, sobrecarga con una carga tributaria infernal y desmedida a los más chicos: las micro y pequeñas empresas, los trabajadores dependientes y autónomos, los jubilados, los desocupados y los consumidores en general.

Como consecuencia de este modelo, al Estado no le alcanzaban sus ingresos para seguir dando subsidios gigantescos a las corporaciones y a los usureros, y venía ajustando sobre los que menos tienen (achicando sueldos y jubilaciones). Igual se encontraba con fuertes déficits que no podría cubrir con recursos genuinos, por lo que también acudía a la emisión monetaria.

En ese escenario, el poder económico a través del nuevo gobierno (que responde enteramente a sus intereses) decide profundizar la orientación política que venía de los gobiernos anteriores, aplicando el plan Masacre, que en síntesis implica acelerar el rumbo a la desintegración social, territorial, ambiental y soberana.

En ese rumbo, el Estado acentúa sus funciones de transferir cada vez más recursos a los capitales más concentrados, y en paralelo recortar erogaciones e inversiones que estaban destinadas a atemperar las condiciones miserables que soporta el grueso de la población.

Con el argumento de combatir el déficit fiscal, el gobierno critica la intervención del Estado cuando actúa en beneficio de los sectores más vulnerables, disponiendo medidas que generan más pobreza, miseria y desigualdades (caída del salario real, recortes de gastos sociales, robo a los jubilados, etc). Pero aumenta los subsidios para las más poderosas corporaciones y para los grandes grupos económicos, a la vez que continúa pagando por una deuda fraudulenta que nunca recibió el pueblo argentino, que ya la pagó más de diez veces y que cada vez debe más.

Se lleva a fondo la política del Estado “Hood Robin”, es decir al revés de lo que hacía Robin Hood, de robar a los ricos para repartir entre los pobres. Este Estado profundiza el saqueo y la miseria de los millones y millones de argentinos que menos tienen, para transferir esos recursos a favor de una minoría de privilegiados, saqueadores y corruptos

No sucede entonces como pretende engañar al pueblo el relato anti-estado del gobierno actual. No se busca achicar al Estado, sino sacar la parte del Estado que cumple fines sociales. Pero sí se decide fortalecer y profundizar la parte del Estado que beneficia a los más poderosos, incluyendo en esto al fenomenal aparato represivo que prepara para hacer frente a los potenciales y legítimos reclamos de la gran masa de perjudicados, como ya viene sucediendo.

Los argentinos merecemos vivir mejor, pero eso sólo será posible con la mayor participación, compromiso y movilización del conjunto de la sociedad. Nadie nos regalará nada, y no podemos esperar cambios en el futuro si no luchamos por eso.

Frente a esta orientación antisocial y antinacional del gobierno y a sus relatos fraudulentos de justificar el Plan Masacre, es más necesario que nunca informar, sensibilizar y despertar, para evitar que tengamos una sociedad sin futuro y un futuro sin sociedad.