Un año después del incendio de la Torre Grenfell, los británicos escuchan con dolor e indignación los resultados de las investigaciones sobre la tragedia que acabó con la vida de 72 personas.

A medida que son develados los numerosos errores cometidos, los sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, reviven la angustia de la noche del 13 al 14 de junio de 2017 y crece la inconformidad con la respuesta de las autoridades.

En un demorado proceso, los ciudadanos reciben a cuentagotas más información sobre lo sucedido y conocen, espantados, sobre el material inflamable que cubría la construcción, los fallos del gobierno y los bomberos, las violaciones de las medidas de protección, entre otras faltas que pudieron evitarse o ser enmendadas a tiempo.

Personas de cerca de una veintena de nacionalidades, 28 mujeres, 25 hombres, 18 niños y un bebé a punto de nacer, figuran ahora en la lista de fallecidos debido a una catástrofe que, según los informes policiales, no debió ocurrir.

A las 00:54, hora local, del 14 de junio, los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre el incendio en un edificio de 24 plantas en el barrio de North Kensington, perteneciente al distrito de Notting Hill, uno de los más adinerados de Londres.

Los expertos apuntan que una nevera defectuosa en el cuarto piso causó el fuego, el cual se extendió rápidamente por la presencia de material inflamable en el revestimiento de las paredes.

Considerado el peor desastre de ese tipo desde la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, el de Grenfell, no solo reveló las deficiencias en cuanto a prevención y enfrentamientos de esos fenómenos, sino que demostró una vez más las grandes diferencias sociales en una de las mayores economías del planeta.

Hogar de más de 300 personas de escasos recursos- muchas de ellas inmigrantes-, la construcción carbonizada en medio de una zona de opulencia se convirtió, según la analista Anne Minton, en un triste símbolo de las crecientes desigualdades en ese país y del resultado de años de austeridad y recortes en esferas de gran impacto social.

 

En un artículo publicado en el diario The Guardian, Minton destaca que antes del incendio, los residentes en ese y otros edificios manifestaron su descontento con el trabajo de la compañía de administración de propiedades de Kensington y Chelsea (Kctmo), encargada de las labores de reparación y mantenimiento.

'En múltiples ocasiones, los ciudadanos advirtieron sobre el peligro de una catástrofe y no se hizo nada. ¿Qué hubiera pasado si la queja hubiese sido presentada por un multimillonario de un rascacielos de lujo?', cuestionó la también profesora universitaria.

El gobierno ignoró las recomendaciones de fortalecer las medidas de prevención y no es capaz de ver la magnitud de todo esto. También existe una gran falta de claridad en torno a las causas del incidente. Es la tragedia en cuanto a pérdidas de vidas humanas más grande en décadas y las repercusiones políticas pueden ser enormes, señaló.

En varias oportunidades, el denominado Grupo de Acción de Grenfell, que reúne a vecinos del edificio, criticó el incumplimiento de las normas de seguridad por parte de Kctmo y en un texto publicado en 2016 denunció que 'aunque resulte aterrador, solo una catástrofe expondría la ineptitud y las faltas de esa entidad'.

Todas nuestras advertencias chocaron con oídos sordos. Sabíamos que algo así era inevitable y cuestión de tiempo, lamentó la organización tras el incendio.

Lo ocurrido fue criticado fuertemente por entidades humanitarias y tuvieron lugar varias marchas de protesta, sobre todo, luego de que la primera ministra Theresa May se negara a reunirse con las familias afectadas en los días después del hecho.

Bajo presión, la líder conservadora pidió disculpas después por su comportamiento y reconoció que las primeras reacciones de la dirección del país no fueron las adecuadas.

'Fue una tragedia sin precedentes en la historia reciente y, aunque muchas personas hicieron un trabajo increíble durante y después del incendio, está claro que la respuesta inicial no fue lo suficientemente buena', señaló.

Ante la inconformidad social con las primeras indagaciones oficiales, May ordenó el inicio de una investigación dirigida por el juez retirado Martin Moore-Bick, que comenzó en mayo de este año, 10 meses después del incidente, y debe concluir en 2019.