El candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros durante un acto en una escuela en Quito.

El candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye, el exlegislador Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles a tiros durante un acto en una escuela en el norte de Quito, informaron fuentes oficiales y la prensa local.

El aspirante al Palacio de Carondelet fue trasladado a una clínica cercana al lugar del crimen, donde se confirmó su fallecimiento, que fue anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata, y rápidamente reportado por medios capitalinos.

Villavicencio, que tenía 59 años, era uno de los ocho postulantes a completar el mandato del presidente Guillermo Lasso en las elecciones del 20 de este mes.

El diario digital Primicias detalló que la línea de emergencia de la Policía recibió alrededor de las 18.20 (20.20 en la Argentina) una alerta por un tiroteo en Quito. Fueron entre 30 y 40 disparos, según relatos de testigos que citó el canal Teleamazonas, y Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer, pero murió en el lugar.

Según los primeros informes, hubo otros heridos durante el atentado. La Policía hizo un barrido por la zona para descartar la presencia de explosivos y cerró de inmediato el tránsito.

El periodista Christian Zurita, amigo del candidato y coautor de varias investigaciones junto a él, estaba en el acto y reportó el tiroteo desde Twitter. Inmediatamente, Lasso se declaró “indignado y consternado” por el crimen, que prometió que “no va a quedar impune”, y convocó a una reunión urgente de las principales autoridades del Estado para analizar la situación.

“Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas; por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, remarcó el mandatario en Twitter.

Lasso llamó al palacio presidencial de Carondelet a las principales autoridades de todas las instancias del Estado, incluidos la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

Justificó esa convocatoria en la necesidad de tratar “de manera urgente” el asesinato de Villavicencio, “que ha consternado al país”.

“El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”, concluyó Lasso.

Paradójicamente, la última actividad de Villavicencio como parlamentario fue la de encabezar la comisión que llevó adelante el proceso de juicio político a Lasso, por supuesta corrupción.

Cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento) se encaminaba a destituir a Lasso, este dispuso la llamada “muerte cruzada”, que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.

Villavicencio, que se declaraba independiente y desmentía que fuera cercano a Lasso, pese a que sectores afines al expresidente Rafael Correa lo señalaron como tal, llegó a postularse a la jefatura del Estado después de una corta carrera política y una larga trayectoria en la vida pública.

Fue miembro de la AN entre 2021 y 2023, período en el que presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político, y actuó allí de manera independiente, sin vincularse con ninguna de las bancadas.

Impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Lasso.

Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso.

En ese papel, fue criticado duramente por el correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno, pero él se defendió acusando a la oposición de actuar sin pruebas.

En la AN dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos locales con el narcotráfico. Antes de su acceso a la política, que inició como líder sindical de la empresa estatal Petroecuador, Villavicencio se desempeñó como comunicador.

Durante el gobierno de Correa fue asesor del entonces asambleísta Cléver Jiménez, del partido indigenista Pachakutik. Jiménez y Villavicencio presentaron varias denuncias contra Correa, sobre todo relacionadas con el negocio petrolero.

En 2014, junto al médico Carlos Figueroa, denunciaron al entonces mandatario por supuestos delitos de lesa humanidad, por la incursión de militares en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010, día en que Correa denunció un golpe de estado contra él. Esa denuncia fue declarada “maliciosa y temeraria”, por lo que Correa demandó posteriormente a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes fueron sentenciados a 18 meses de prisión que nunca cumplieron, pues se refugiaron en un pueblo indígena de la Amazonia y regresaron a la vida pública cuando la pena prescribió.

Tras este episodio, Villavicencio se dedicó a trabajar como periodista de investigación en distintos portales. El caso más sonado fue el de Arroz Verde, que derivó en el proceso judicial conocido como caso Sobornos 2012-16. En este caso, Villavicencio y Zurita denunciaron un esquema de corrupción durante el correísmo mediante el cual las empresas pagaban sobornos para ganar contratos, y ese dinero era utilizado para financiar campañas electorales.

La principal acusada fue Pamela Martínez, exasesora de Correa, y el expresidente recibió una sentencia de ocho años, por el delito de cohecho. En septiembre del año pasado, la casa de Villavicencio fue baleada, pero él sorteó aquel ataque, y en esta campaña hacia las elecciones del domingo 20 era el único candidato que no había aceptado la custodia policial que el gobierno ofreció a los postulantes.