La información que manejaba la policía daba cuenta de que un camión frigorífico cargado con 20 toneladas de troncos de tiburones había partido desde Sullana, distrito peruano ubicado cerca de la frontera con Ecuador, rumbo a la ciudad de Chiclayo, a unos 250 kilómetros al sur. Ese era el destino final del cargamento de carne de tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y tiburón diamante (Isurus oxyrinchus), especies en peligro de extinción y protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

El contrabando de los troncos era dirigido desde Ecuador por la mafia internacional denominada ‘Los Tiburoneros’, cuyos integrantes en Perú se iban a encargar de comercializarlos como carne de tollo.

Las investigaciones llevaron a los agentes del Departamento Desconcentrado de Investigaciones contra el Crimen Organizado en Chiclayo (Depincco) y a personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Lambayeque al terminal pesquero Ecomphisa, el pasado 6 de enero. Allí hallaron a tres sujetos a bordo de un camión frigorífico pequeño ofertando al público casi una tonelada de los troncos de tiburones a S/25 el kilo ($6.6). El vehículo intervenido no era el que salió de Sullana con las 20 toneladas, sino uno en el que se había empezado a vender el producto y que la policía tenía con orden de requisitoria desde octubre de 2022 por el mismo delito: tráfico ilegal de especies acuáticas.

El comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Juan Carlos Paz, jefe de la Depincco Chiclayo, explica a Mongabay Latam que la organización criminal utiliza varias camionetas para traspasar la frontera entre Perú y Ecuador con la carne ilegal. “Es lo que llaman ‘Plan Hormiga’. Lo hacen por diversos pases prohibidos, pero uno de los ingresos está cerca del puesto de control El Alamor, ese es el que llega a Sullana”, detalla el oficial. De acuerdo con las pesquisas policiales, es en Sullana donde la mafia tiene un centro de acopio, es decir, un lugar en que los troncos de tiburones son transferidos a camiones con cámaras frigoríficas de hasta 25 toneladas. “Cuando esos vehículos grandes llegan a Chiclayo, reparten el producto a varios camiones frigoríficos más chicos, donde se realizan las ventas”, señala Paz.

Los agentes contra el crimen organizado de Chiclayo hallaron en el terminal pesquero Ecomphisa exactamente 975 kilos de troncos de tiburones, mercadería que han estimado en S/17.125 (4.542 pesos). Otras cifras importantes que maneja la unidad policial, a partir de acciones de inteligencia, es que son entre 20 y 25 toneladas de troncos las que dos veces al mes llegan a Chiclayo en los camiones frigoríficos grandes para luego ser distribuidos y vendidos. En suma, hasta 50 toneladas de troncos de tiburones ingresan ilegalmente al Perú desde Ecuador cada mes y tienen la ciudad de Chiclayo como destino final. “Ahora estamos detrás del vehículo con cámara frigorífica que trajo todo el producto recientemente. Venimos desarrollando las investigaciones para ubicarlo e incautar todo”, informa el comandante.


El tráfico de carne de tiburón

El tráfico de tiburones ha estado generalmente asociado con las aletas. Perú es el mayor exportador de aletas de tiburones en el mundo y una parte de sus envíos se realizan de forma ilegal a países de Asia. Pero desde septiembre de 2020, el comercio de los troncos de estos animales quedó en evidencia con el decomiso, en Tumbes, de 11 toneladas que habían llegado desde Ecuador. Una experta peruana en especies hidrobiológicas, quien solicitó que su nombre no sea revelado por el peligro de las mafias dedicadas a este ilícito, dice a Mongabay Latam que, hasta la incautación de las 11 toneladas, los trozos de tiburones ingresaban a Perú por los controles oficiales con el rótulo de carne de tollo. No eran declarados debidamente, añade, y siempre había ese tipo de tráfico ilegal.

“Sin embargo, después del decomiso de las 11 toneladas, en aduanas pusieron atención e incluso aprendieron a diferenciar los troncos de tiburones. Entonces, lo que ahora ingresa de manera formal lleva un permiso Cites, que es el requisito para importar o exportar especies de tiburones. Pero lo ilegal continúa por otra cuerda y también sigue entrando”, precisa. De hecho, recuerda que, con el brote de la pandemia en Perú, las Fuerzas Armadas calcularon que había casi un centenar de pasos ilegales en la frontera con Ecuador: “Por ahí es donde entra todo el contrabando, y no solo especies de tiburones”.


Ecuador: incertidumbre frente a exigencias

En noviembre del año pasado, el Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) aprobó la suspensión del comercio de más de 50 especies de tiburones cuyo país de origen sea Ecuador. En la reunión, realizada en Ginebra (Suiza), el comité estableció que la suspensión empezará a ejecutarse a los 120 días de haber sido aprobada: desde el 28 de marzo de 2024. Ello ocurrirá, según se acordó, a menos que Ecuador tome una serie de medidas para certificar la sostenibilidad en el comercio de tiburones.

Uno de los requerimientos de la Cites a Ecuador es que fije sus volúmenes máximos de pesca incidental y comercio de tiburones y rayas. En Ecuador solo está autorizada la comercialización de tiburones que hayan sido capturados accidentalmente en las faenas de pesca de otras especies. El problema, coinciden los expertos, es que para ello no existe un límite por lo que miles de estos animales siguen siendo extraídos intencionalmente bajo la excusa de la incidentalidad.

Por otra parte, cuando un país desea exportar una especie que está enlistada en Cites II —categoría de protección que permite la comercialización, pero bajo ciertas restricciones— este debe realizar un estudio científico sobre la población de la especie, llamado Dictamen de Extracción No Perjudicial (Denp). Si el estudio da como resultado positivo, entonces la especie sí podrá ser exportada (aunque con un permiso emitido por la autoridad Cites del país exportador), de lo contrario su comercialización estará prohibida.

Pero para que la conservación de los tiburones sea efectiva, aseguran los especialistas en el tema, no basta con que los Denp sean positivos, sino que deberían determinar un límite de cuántos animales pueden exportarse, es decir, una cuota. Eso es justamente de lo que carecen los Denp emitidos por Ecuador. No definen un volumen máximo de exportación.

“Por eso es que nos enviaban cantidades ingentes de aletas y troncos de tiburones, porque podían emitir al infinito permisos de exportación, sin un límite. Es lo que la Cites ahora busca regular”, explica la experta peruana.

La directora de la organización ambiental One Health Ecuador, Cristina Cely, comenta a Mongabay Latam que, pese a haber solicitado al gobierno ecuatoriano las medidas adoptadas tras el requerimiento de la Cites, no ha recibido información. “No tenemos ninguna certeza de que se estén haciendo las cosas de manera correcta”, indica. “En 120 días Ecuador tiene que arreglar problemas que no ha podido solucionar durante años”, recalca.

Sobre los porcentajes máximos de pesca incidental, la tarea ha quedado en manos del Instituto Nacional de Pesca, del cual, indica Cely, la Cites dijo que no tiene la capacidad económica ni técnica necesaria.

“Cuestionamos entonces cómo van a hacer los estudios por especie para definir los porcentajes de pesca incidental y para la emisión de dictámenes de extracción no perjudicial”, anota la directora de One Health Ecuador.

Con respecto al Dictamen de Extracción No Perjudicial (Denp), Cristina Cely remarca que no existe una parte donde dice por cuánto tiempo tienen validez a partir del momento en que se realizaron los estudios para ser expedidos. La ambientalista ecuatoriana subraya que los Denp tienen que estar actualizados de acuerdo con las poblaciones reales por especies de tiburones en este momento, y que no debería seguirse exportando especies protegidas si se están tomando en cuenta Denp basados en estudios de hace años o décadas.

Otra solicitud de la Cites a Ecuador es que refuerce sus autoridades científicas y les proporcione los recursos suficientes como, por ejemplo, un estudio poblacional de tiburones y rayas en su mar.

La Cites, además, invocó a su secretaría a solicitar que Perú haga una invitación “para proporcionar asistencia y realizar una evaluación técnica y una misión de verificación” a fin de comprender cómo las autoridades Cites garantizan que los tiburones y otras especies acuáticas se importan, principalmente desde Ecuador, y reexportan. También instó a Ecuador y Perú a reforzar sus marcos regulatorios para la gestión y el comercio de especies acuáticas, y evaluar las capacidades y necesidades de las autoridades a cargo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional dedicada al comercio ilegal de las especies protegidas.

El Comité Permanente de la Cites propuso, asimismo, la creación de una plataforma binacional (Perú-Ecuador) para la cooperación y coordinación entre las autoridades competentes en el tema.


Participación del grupo criminal “Los Tiburoneros”

Con el decomiso realizado el 6 de enero en Chiclayo, ya son 40 toneladas de troncos y aletas de tiburones las incautadas en Perú, procedentes de Ecuador, durante los cuatro últimos años, conforme a los registros de One Health Ecuador con base en datos de las fiscalías en materia ambiental peruanas. El fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque, Jaime González, dice a Mongabay Latam que, si bien no se trata de una gran cantidad de confiscaciones, los operativos ejecutados han sido contundentes. En su despacho y en el de la fiscalía de Tumbes están abiertos la mayoría de los procesos de investigación por tráfico ilegal de troncos de tiburones.

Aunque la incautación de enero pasado no es de los mayores decomisos de carne ilegal de tiburones en Perú, sí ha permitido a las autoridades conocer cómo una de las mafias ecuatorianas mejor organizadas venía moviendo, al menos hasta ese momento, sus tentáculos por la costa del país. El fiscal González anota que además de un fuerte aparato logístico, el grupo criminal -denominado ‘Los Tiburoneros’- obtenía información que se filtraba acerca de los operativos y así conseguía evadir los controles. A veces se internaban por trochas ocultas, cuenta, y en otras ocasiones detenían su camino cuando la fiscalización estaba en marcha. “El tráfico ilegal de tiburones lo realizan organizaciones criminales bien estructuradas”, apunta. Los tres detenidos en el operativo de Chiclayo fueron identificados como Anibal Saavedra Guevara, Carlos Lázaro Heredia y Disandro Díaz Urpin. Los dos primeros de nacionalidad peruana, el último es venezolano.

“Ellos se encargaban de vender, pero los troncos ya venían trozados en forma perpendicular, que es la particularidad del corte en Ecuador”, describe un agente de inteligencia que participó en las investigaciones. Él sostiene que ‘Los Tiburoneros’, en Ecuador, tenían el control de terminales pesqueros de Guayaquil y, en particular, del llamado Puerto Plata, en Huaquillas, provincia de El Oro. Allí, un contingente de la policía y el ejército ecuatorianos se enfrentaron a balazos con miembros del grupo criminal, el 9 de enero. El fuego cruzado se produjo luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmara un decreto en que declaraba a su país en conflicto armado interno e identificara a una serie de mafias como organizaciones terroristas. Para neutralizarlos, Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas de su país ejecutar operaciones militares.

Las organizaciones criminales enlistadas por la presidencia de Ecuador están sindicadas principalmente por delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, así como tráfico de armas y trata de personas. Sin embargo, para Cristina Cely, es muy probable que estos grupos también estén vinculados directamente con el tráfico de fauna silvestre y de especies hidrobiológicas. Según menciona, así lo han confirmado los análisis de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) en Ecuador. “Sería muy iluso pensar que el tráfico de aletas o troncos de tiburones no esté relacionado con estos grupos de crimen organizado, eso también nos preocupa”, asegura.

De la misma manera, la especialista peruana en especies hidrobiológicas cree que hay un delito más involucrado en el tráfico de carne de tiburones. Conforme a los documentos de aduanas que ha evaluado, el precio que se declara por kilo en Ecuador es de un dólar, aproximadamente. Y de acuerdo con lo que ha observado en los terminales pesqueros y mercados de Chiclayo, la misma cantidad se vende por S/25, que equivalen a $6.6 dólares. “En suma, resulta muy poco dinero de ganancia para que se muevan y arriesguen así”, declara.

El fiscal González, por su parte, considera que, así como los narcotraficantes han recurrido a diversas maneras para operar, el comercio ilegal de troncos de tiburones no está exento de ser una de aquellas modalidades. No obstante, subraya, en los casos que ha tenido a cargo hasta la fecha no advirtió tal situación. Vinculado con otro delito o no, el tráfico ilegal de carne de tiburones continúa y se agudiza mientras las acciones para detenerlo parecen ir todavía a paso muy lento.

Fuente: Mongabay