El Gobierno del presidente Sebastián Piñera –que bate un récord de impopularidad desde el retorno a la democracia, con un 12 por ciento de apoyo– no logra reestablecer el orden público en Chile. Ni las medidas sociales que ha impulsado en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de prácticamente la totalidad de la clase política de avanzar en una nueva Constitución han logrado detener la violencia. El clima de desorden amenaza las salidas políticas a la crisis.

Acusada de unos mil casos de abuso, según cifras de la Fiscalía, la policía parece sobrepasada en jornadas como la del jueves pasado, donde se produjeron batallas entre manifestantes y Carabineros y escenas de destrucción de infraestructura pública y privada. Ocurrió en diferentes ciudades del país, como Santiago, Valparaíso o Coquimbo, donde grupos violentos incluso quemaron dependencias de un hospital público. En 86 eventos graves, de acuerdo a los números oficiales, fueron detenidas 767 personas.

Piñera busca apoyos contra el reloj para intentar darle una salida a la crisis que estalló el pasado 18 de octubre y que ha dejado 23 muertos en distintos hechos de violencia que están siendo investigados (incendios, atropellos y al menos cinco por acción de agentes del Estado). Este lunes, el mandatario convocó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Jaime Quintana e Iván Flores, respectivamente, junto al fiscal nacional, Jorge Abott.

Chile activa la agenda social para neutralizar la crisis

El domingo, Piñera hizo un nuevo llamamiento a un “acuerdo por la paz, por la democracia y contra la violencia” que comprometa a las policías, los fiscales, jueces, el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía. Y anunció que 4.354 carabineros más saldrán a las calles en los próximos 60 días, por el reintegro de personal en retiro y el anticipo de egresos de policías en formación. Junto con indicar que la policía uniformada recibirá “asesoría profesional” de sus pares de Inglaterra, Francia y España, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley que posibilitaría sacar a las calles a militares para resguardar infraestructura crítica sin la necesidad de decretar Estado de Excepción ni restringir las libertades de los ciudadanos.

“Permitiría a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial”, dijo Piñera. De acuerdo a la información oficial, 2.171 policías han sido lesionados y 154 cuarteles atacados en estas semanas de protesta, sin contar los ataques a dependencias militares.

El control del orden público parece un asunto central en estas horas delicadas que vive la política chilena. El sábado, el diplomático socialista Juan Gabriel Valdés, embajador en Estados Unidos de la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018), a través de una carta pública indicó: “Ya no basta con condenar y menos aún empatar verbalmente la violencia de carabineros y la de los delincuentes quemando hospitales, iglesias y museos. Se requiere que los que tienen cargos dirigentes actúen con urgencia, antes de que el desvarío de los vándalos y el fascismo nostálgico de Pinochet ocupan la escena”. De acuerdo a Valdés, “cada día que pasa Chile se acerca más a un colapso total del orden público que solo puede acabar en un golpe militar o al menos en que el poder caiga en los militares, aunque ellos no lo quieran”.

A la misma hora que el Piñera se reunía en La Moneda con los principales líderes de Estado, grupos de estudiantes del centro de Santiago entraban en masa a estaciones de metro sin pagar –evasiones, se les llama en Chile–, como sucedió en las primeras horas de la protesta que desencadenó el estallido. En tanto, la coordinadora Unidad Social –que agrupa a unas 200 organizaciones sociales, sindicales, de la educación secundaria y universitaria y de la salud– hizo un nuevo llamamiento a una huelga general para este lunes y martes. En la anterior convocatoria, el 12 de noviembre pasado, las concentraciones fueron seguidas por una de las jornadas de mayor violencia. Fue uno de los momentos más delicados de la democracia chilena en las últimas décadas.

Desacuerdo por la nueva Constitución

Como el Partido Comunista y parte del Frente Amplio de izquierda, Unidad Social rechaza el acuerdo por una nueva Constitución alcanzado en el Congreso, que contempla un plebiscito en abril para decidir si reemplaza la carta de 1980 –como apoya un 85 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas– y el mecanismo. “Es una propuesta hecha a medida de los partidos políticos”, señala Unidad Social en su declaración en demanda por una asamblea constituyente.

No resulta evidente que Piñera logre juntar fuerzas en el Parlamento, donde no tiene mayoría, para sacar adelante su “acuerdo por la paz, por la democracia y contra la violencia”, que contempla siete proyectos de ley para modernizar las policías, fortalecer los sistemas de inteligencia del Estado y castigar con mayor fuerza los saqueos, entre otras iniciativas. Aunque una parte de la oposición se ha mostrado abierta a las peticiones del Ejecutivo, sobre todo de la Democracia Cristiana, otros sectores han adelantado su rechazo.

“Desconcertante que el presidente anuncie una ley que alteraría estados de excepción constitucionales para desplegar a las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura, ‘incluyendo la policial”, manifestó Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD) y ministro de Exteriores del último Gobierno de Bachelet. “Rechazamos sin titubeos la violencia, pero abogamos por una salida política con pacto social y profunda justicia tributaria”.

Mientras un sector de la oposición presentó la semana pasada una acusación constitucional en contra de Piñera que busca su destitución en el Congreso por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, la ciudadanía castiga transversalmente a la clase política. De acuerdo a la última encuesta Cadem, todos los dirigentes cayeron en su valoración respecto de octubre. En estas jornadas de protestas no solo ha sido saqueado locales comerciales y quemados hasta centros culturales. Los ataques han alcanzado sedes de partidos políticos como la UDI, de derecha, oficinas parlamentarias, como la de Gabriel Boric, del Frente Amplio de izquierda, mientras que otros dirigentes han sido agredidos en la calle. El pasado fin de semana, al senador socialista José Miguel Insulza –ex secretario general de la OEA entre 2005 y 2015– le arrojaron pintura y lo escupieron en el norte del país.

De acuerdo a la encuesta Cadem, un 67 por ciento está de acuerdo con la continuidad de las movilizaciones, un alza de 11 puntos en relación a la medición de la semana pasada.

Fuente: El País