La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, sufrió por segunda vez una estrepitosa derrota en el Parlamento británico. Fueron 391 a 242 diputados quienes han votado en contra del acuerdo alcanzado con la Unión Europea para una transición ordenada de abandonar el grupo de países. [{adj:38725 alignright}]

May arañó a última hora del lunes nuevas garantías legales a la UE. En una comparecencia conjunta con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, la primera ministra anunció una serie de medidas -un “instrumento conjunto” de arbitraje, o una “declaración unilateral de Reino Unido”- que, según explicó, eran “legalmente vinculantes” y servían para calmar los temores de todos aquellos diputados reacios a respaldar su plan por el espinoso asunto del backstop, la llamada salvaguarda irlandesa. Retirar esa garantía impuesta por la UE del Acuerdo del Brexit era condición sine qua non, como estableció la Cámara de los Comunes, para que el plan de May saliera adelante.

La sensación de victoria del Gobierno británico tuvo un breve recorrido. A primera hora de este martes, el Abogado General del Reino Unido, Geoffrey Cox, protagonista fundamental en las negociaciones con la UE de los últimos días, publicaba su análisis jurídico de las concesiones alcanzadas. A pesar de apoyarlas, y elogiar los avances, Cox lanzaba un jarro de agua fría en su conclusión final: “Los riesgos legales no han cambiado en absoluto”, anunciaba en su documento. El Gobierno, explicaba Cox, no ha logrado la capacidad unilateral de Reino Unido de salirse del protocolo del backstop y, solo en el caso de demostrar mala fe por parte de la UE durante las negociaciones para una relación futura, podría Londres activar un mecanismo de retirada.

Los euroescépticos señalaron de inmediato su voluntad de rechazar nuevamente esta tarde el plan de May. “Debemos decidir si el riesgo de que Reino Unido permanezca en la UE es real [si finalmente el Parlamento pide una prórroga en la fecha de salida el próximo miércoles]o se trata de una amenaza fantasma. Yo creo que es esto último y que podemos votar con seguridad esa noche en contra de su plan”, anticipaba poco antes de tomar la decisión oficial su líder, el ultracatólico Jacob Rees-Mogg.

Los socios norirlandeses del DUP, que sostienen con sus diez diputados la mayoría parlamentaria de May, decidían tomar el mismo camino después de analizar el texto de Cox. “Queremos un acuerdo que sirva para todos los territorios del Reino Unido. Apoyaremos un plan que respete el resultado del referéndum y la pertenencia de Irlanda del Norte como parte integral del Reino Unido”, anunciaba la líder de la formación, Arlene Foster, en un comunicado.

La oposición laborista también anunció previamente su voto en contra. Su dirigente, Jeremy Corbyn, no mencionó en ningún momento de su intervención la idea de un segundo referéndum y defendió más bien la posibilidad de negociar un Brexit más suave. “Creo que en esta Cámara existe una mayoría a favor de un acuerdo sensible, creíble y negociable como el que propone el Partido Laborista, y espero ansioso que el Parlamento recupere el control de esta situación y podamos concluir con éxito aquello en lo que el Gobierno ha fracasado estrepitosamente”, dijo Corbyn.

Theresa May tuvo una última intervención parlamentaria en defensa de su acuerdo. Afónica, sin apenas voz, su comparecencia era la metáfora de una primera ministra exhausta, derrotada pero convencida de su estrategia. Y hacía un último intento de poner contra las cuerdas a los diputados indecisos. “Esta noche los diputados se enfrentan a una decisión muy clara. O apoyan el acuerdo, y el Reino Unido abandona la UE con un acuerdo, o se arriesgan a que haya un Brexit sin acuerdo o a que no haya Brexit en absoluto”, ha dicho May.

Sus amenazas sonaban agotadas en los oídos de muchos diputados, a pesar de que, a lo largo del día, algunos los que votaron en contra del plan a mediados de enero habían anunciado que esta vez darían su respaldo a May. No ha servido de nada esta ayuda de última hora. Derrotado el plan de la primera ministra, el Parlamento deberá decidir en las próximas 48 horas si impone al Gobierno la obligación de solicitar a la UE una prórroga en la fecha de salida o si el Reino Unido se resigna a ejecutar un Brexit a las bravas, sin acuerdo ni periodo de transición, el próximo 29 de marzo.

Fuente: El País de España