Al menos seis presos aparecieron estos miércoles ahorcados en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que registra las peores matanzas carcelarias del país, azotado por una ola de violencia, informaron las autoridades.

Los guardias penitenciarios encontraron "a seis personas privadas de libertad suspendidas", informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), encargado de administrar las cárceles en Ecuador.

El organismo precisó que los cuerpos fueron encontrados en el Pabellón 5 de la cárcel conocida como Penitenciaría del Litoral, que alberga a unos 6.800 presos y es parte de un gran complejo penitenciario, pero no ofreció otros detalles respecto a las muertes, informó la agencia de noticias AFP.

La Penitenciaría del Litoral, ubicada en el Complejo de Cárceles del Guayas, es considerada una de las cárceles más violentas del país.

Las prisiones de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, fueron escenario de varias masacres carcelarias que dejan más de 400 reclusos muertos desde febrero de 2021 y que el Gobierno atribuye a disputas entre bandas delincuenciales por territorio para sus operaciones de narcotráfico.

Las muertes de este miércoles se dan una semana después de un enfrentamiento entre dos bandas en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, que dejó tres personas muertas y una herida.

Con capacidad para unos 150 reclusos, esta cárcel de máxima seguridad albergaba únicamente a 23 presos, la mayoría líderes de bandas del narcotráfico que violentamente se disputan el poder dentro de las cárceles y en las calles.

Esta ola de violencia en Ecuador provocó un aumento del número de muertes violentas. Solo en 2022 la cifra de homicidios se elevó a más de 4.000, un récord para el país consignó la agencia Sputnik. Los enfrentamientos entre bandas que combaten por el control del narcotráfico son una de las razones de esta situación.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, registró en 2021 un récord anual de decomiso de esta droga, de 210 toneladas, y en lo que va de este año las incautaciones alcanzan unas 170 toneladas.

El Gobierno de Guillermo Lasso recibió duras críticas ante la falta de un plan de seguridad que permita contener esta situación.