El presidente Donald Trump sufrió un revés en tribunales luego de que un juez bloqueara un decreto emitido por el mandatario que restringía el derecho de asilo, mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan hacia la frontera sur del país.
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A última hora del lunes el juez John Tigar de San Francisco anuló el decreto firmado el nueve de noviembre por el presidente Trump que rechazaba automáticamente toda solicitud de asilo de personas que hubieran cruzado la frontera ilegalmente. La orden temporal emitida tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema en una primera audiencia el 19 de diciembre.
Tigar indicó que el decreto de Trump presenta un conflicto irreconciliable con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA, por su sigla en inglés) de 1965, que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar la manera del ingreso. “Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa”, dijo Tigar. En la misma línea, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu) afirmó que la ley estipula que el estado debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en el país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente. Luego del apoyo del juez a la comunidad migratoria, la Aclu celebró. Según Tigar, bloquear el decreto de Trump es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo.
La administración Trump no tardó en responder, considerando absurda la actitud de los activistas que solicitaron la anulación del decreto. “Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año se abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito”, indicaron los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior en una declaración conjunta. Asimismo subrayaron que el asilo es un beneficio discrecional que otorga el Poder Ejecutivo según se cumplan ciertas condiciones. “Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur”, afirmaron.
Trump sostiene por su parte que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional. Un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una prohibición de ingresar a Estados Unidos a ciudadanos de varios países. La última versión de esta orden fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 26 de junio, después de una larga batalla legal. Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al abuso histórico e inigualable del sistema de inmigración en la frontera con México. Además, desde el gobierno argumentan que muchos migrantes desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial. “La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito”, afirmó un alto funcionario que pidió el anonimato. Según él, menos del 10 por ciento de los casos resultan en un otorgamiento del asilo. No obstante, las leyes de Estados Unidos garantizan que cualquier extranjero que pise suelo estadounidense es elegible para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se encuentran razones pertinentes para un pedido de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por el tribunal que decide sobre su caso.
La nueva medida del juez toma otro tenor ante la llegada de las caravanas de migrantes que vienen viajando hace más de un mes desde Honduras. El pasado 13 de octubre partió la primera con destino a Estados Unidos y con el pasar de los días se fueron sumando más personas en Guatemala y el Salvador. Según la mayoría de ellos, desean buscar asilo en Estados Unidos en un intento de escapar de la pobreza y la violencia de sus países de origen. Este fin de semana varios migrantes llegaron a la frontera con Tijuana a la espera de cruzar. Y esperan que otros 3.000 lleguen a partir de hoy. “¡Gracias Mexicali! ¡Viva México!”, gritaron en la madrugada varios migrantes, muchos de ellos hombres hondureños, al partir de la ciudad de Mexicali rumbo a Tijuana, mientras sonaba una melodía de la banda puertorriqueña Calle 13: “Hoy me voy pal’ norte sin pasaporte, sin transporte”.
Según las cifras oficiales, en 2018 las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales. Y, en los últimos años, el número de solicitantes aumentó en un 2.000 por ciento. Además, el sistema migratorio tiene aún otros 700.000 casos acumulados por procesar.
Otras de las políticas migratorias de Trump que son objeto de batalla es la eliminación del programa Daca, que ampara de la deportación a indocumentados llegados al país en su niñez. Sin embargo, tras idas y venidas en los tribunales, la Corte Suprema de Justicia avaló en junio una última versión del decreto de Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes.
Fuente: Página 12.