La necesidad de actuar frente a la crisis climática nunca ha sido tan clara. En 2023 se han batido récords de calor en todo el mundo. Parece que todos los días hay noticias de condiciones meteorológicas extremas que ponen en peligro la vida de las personas. En julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció sombríamente que «ha llegado la era de la ebullición global».

En resumen, hay mucho en juego en la cumbre sobre el clima que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.

Pero hay un gran problema: la COP28, la última de la serie anual de conferencias de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), se celebrará en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Se trata de un país con un espacio cívico cerrado, donde la disidencia está penalizada y los activistas son detenidos sistemáticamente. También es una potencia de combustibles fósiles empeñada en seguir extrayendo petróleo.

En las cumbres multilaterales en las que se toman las decisiones sobre el cambio climático, es vital que la sociedad civil pueda movilizarse para exigir una mayor ambición, pedir cuentas a los Estados parte, a las empresas de combustibles fósiles y a los financieros, y garantizar que se escuchan las opiniones de las personas más afectadas por el cambio climático.

Pero esto no puede ocurrir en un espacio cívico cerrado.


Señales preocupantes

En septiembre, los Emiratos Árabes Unidos fueron incluidos en la Lista de Vigilancia de Civicus, en la que se destacan los países que experimentan un declive significativo en el respeto de las libertades cívicas.

El espacio cívico en los EAU lleva mucho tiempo cerrado: no se permite la disidencia contra el gobierno ni la defensa de los derechos humanos, y quienes intentan alzar la voz corren el riesgo de ser criminalizados. En 2022, una Ley de Ciberdelincuencia introdujo restricciones aún mayores a la expresión en línea.

La tortura está generalizada en las cárceles y centros de detención, y al menos 58 presos de conciencia han permanecido en prisión pese a haber cumplido sus condenas. Muchos de ellos formaban parte del grupo conocido como EAU 94, encarcelados por el delito de reclamar la democracia.

Entre las filas de los encarcelados se encuentra Ahmed Mansoor, condenado a 10 años de cárcel en 2018 por su trabajo de documentación de la situación de los derechos humanos, y recluido en régimen de aislamiento durante más de cinco años y contando.

Antes de la COP28, la sociedad civil ha trabajado para poner de relieve lo absurdo de celebrar una cumbre tan vital en condiciones de espacio cívico cerrado. La sociedad civil nacional es incapaz de influir en la COP28 y en su proceso preparatorio, y es difícil ver cómo la sociedad civil, tanto nacional como internacional, podrá expresarse libremente durante la cumbre.

La sociedad civil exige que el gobierno de los EAU demuestre que está dispuesto a respetar los derechos humanos, incluida la liberación de los presos políticos, algo en lo que hasta ahora no ha cedido.

Una señal ominosa se produjo cuando los EAU acogieron una cumbre sobre el clima y la salud en abril. Al parecer, se ordenó a los participantes que no criticaran al gobierno, a las empresas, a las personas ni al Islam, y que no protestaran durante su estancia en el país.

Las restricciones del espacio cívico no son el único indicio de que los EAU no se toman en serio la COP28. El presidente de la cumbre, el sultán Ahmed al Jaber, es también el jefe de la corporación estatal de combustibles fósiles, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc, en inglés), el undécimo productor mundial de petróleo y gas.

Eso es como poner a un fabricante de armas al frente de las conversaciones de paz. Muchos otros miembros del personal de Adnoc participan en la cumbre. Adnoc está hablando de sus inversiones en energías renovables, mientras planea una de las mayores expansiones de extracción de petróleo y gas de cualquier empresa de combustibles fósiles.

En lugar de una acción real, todo parece indicar que el régimen está instrumentalizando la celebración de la COP28 para intentar lavar su reputación, como indica la contratación de costosas empresas internacionales de lobby, los grupos de presión y cabildeo.

Se crearon una serie de cuentas falsas en las redes sociales para alabar a EAU como anfitrión y defenderlo de las críticas. En una lista filtrada de temas de debate clave de la COP28 preparada por el anfitrión no se mencionaban los combustibles fósiles.

Una cumbre que debería tratar de abordar la crisis climática -y con rapidez- se está utilizando en cambio para lavar la imagen del gobierno anfitrión, algo que se consigue más fácilmente si se mantiene a la sociedad civil a distancia.


El lobby de los combustibles fósiles en primer plano

Con la sociedad civil excluida, las voces de quienes se oponen activamente a la acción por el clima seguirán dominando las negociaciones.

Eso es lo que ocurrió en la COP27, también celebrada en el cerrado espacio cívico de Egipto, donde participaron 636 grupos de presión de los combustibles fósiles… y se fueron contentos. Como en todas las cumbres anteriores, su declaración final no incluía ningún compromiso para reducir el uso de petróleo y gas.

La única manera de cambiar esta situación es abrir las puertas a la sociedad civil.

La sociedad civil siempre ha dado la voz de alarma y ha sensibilizado a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático.

Es la fuente de soluciones prácticas para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos climáticos. Exige compromisos más ambiciosos y más financiación, también para las pérdidas y daños causados por el cambio climático.

Defiende a las comunidades frente a los efectos destructivos para el medio ambiente, se opone a la extracción y promueve la sostenibilidad.

Presiona a los Estados y al sector privado para que dejen de aprobar y financiar más extracciones y para que hagan una transición más urgente hacia más energías renovables y prácticas más sostenibles.

Estas son las voces que deben escucharse si se quiere detener el ciclo de cambio climático galopante.

Las COP deben celebrarse en países que ofrezcan un espacio cívico propicio que permita una fuerte movilización nacional, y debe esperarse que los anfitriones de las cumbres se atengan a normas estrictas en lo que respecta al acceso y la participación nacional e internacional.

Esto debería formar parte del trato que los anfitriones hacen a cambio del prestigio mundial que conlleva la celebración de eventos de alto nivel.

La exclusión de la sociedad civil no debe repetirse.


Por Andrew Firmin: Redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

Fuente: Agencia IPS