Más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, 30 por ciento de los habitantes de la región, han resultado afectadas por un huracán, un terremoto, una sequía, un alud o un volcán, entre los 1500 desastres ocurridos del año 2000 a la fecha, indicó un nuevo informe de agencias de las Naciones Unidas.

Esos eventos “están ocurriendo en lugares donde la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la violencia son parte de la vida diaria de millones de personas”, observó Shelley Cheatham, jefa regional de la Oficina para Coordinación de asuntos Humanitarios de la ONU.

La alta densidad de población, el crecimiento urbano impredecible, el cambio climático, los desplazamientos, la degradación ambiental y la explotación de los recursos naturales elevan enormemente los riesgos, advierte el informe, y llama a actuar para reducirlos.

El reporte fue publicado por Ocha y la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, de cara a los pronósticos de una temporada de huracanes en el Atlántico más activa de lo normal en 2023, y a la persistencia del fenómeno El Niño durante el resto del año.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó en agosto que, en la temporada entre junio y noviembre, con apogeo en septiembre, podría haber entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las que entre seis y 11 se convertirían en huracanes, algunos posiblemente huracanes importantes.

A finales de agosto el huracán Idalia cruzó Cuba antes de azotar fuertemente costas de estados sudorientales en Estados Unidos, en el Atlántico avanza al oeste el huracán Lee, ya se está formando otro, Margot, y en el Pacífico se desplaza la tormenta Jova, aunque se aprecia muy distante de las costas de México.

Mientras, el fenómeno El Niño, que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, amenaza con seguir alterando los ciclos de lluvias en América del Sur.

El estudio de las agencias de la ONU analiza el impacto social y económico de los desastres en la región, así como las tendencias históricas, llama a la acción para mitigar los riesgos futuros, y aboga por una inversión adecuada en la reducción de riesgos que disminuya las pérdidas humanas, materiales y de medios de vida.

Subraya que la devastación tras los siniestros es típica en la segunda región con mayor exposición a los desastres -sólo superada por Asia y el Pacífico-, y con factores de riesgo profundamente arraigados e interrelacionados que crean un entorno de peligro casi permanente frente a los fenómenos extremos.

Recuerda sin embargo que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastres, y recalca que la exposición y la vulnerabilidad juegan un papel importante.

Cheatham subrayó que el aumento de los riesgos y la continua vulnerabilidad “implican que sea más probable que ocurran desastres y que, por tanto, se pongan en peligro más vidas y medios de subsistencia, ocasionando más pérdidas humanas y materiales”.

Algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad.

Según el Banco Mundial, es probable que para el 2050, los efectos del cambio climático provoquen el desplazamiento de más de 17 millones de personas en busca de mejores condiciones de vida, oportunidades económicas y servicios básicos.

Esas vulnerabilidades afectan la capacidad de preparación y respuesta, lo que puede hacer que eventos menos peligrosos sean igual de destructivos que los de gran magnitud y escala.

Es por esta complicidad humana en la creación, el mantenimiento y la materialización del riesgo de catástrofes que el término “desastres naturales” se considera inadecuado, según las agencias de la ONU.

En ese sentido, el informe plantea que, si bien las amenazas de origen natural no siempre pueden prevenirse, es posible un futuro en el que no todas se conviertan en desastres, si se implementan medidas adecuadas como las alertas tempranas.

Sin embargo, esos sistemas solo son posibles cuando se realizan inversiones públicas y privadas que ataquen los problemas de riesgo desde la raíz, y que generen una colaboración entre los distintos sectores económicos, políticos y sociales.

“Seguir analizando y gestionando los impactos de los desastres de forma individual limita una visión más amplia hacia estas conexiones y deja que ciertas vulnerabilidades pasen desatendidas”, dijo Nahuel Arenas, jefe regional de la oficina de la ONU para la reducción de riesgos de desastres.

Fuente: Agencia IPS